Según el Gobierno, esta medida generaba «inseguridad jurídica» y afectaba el derecho de propiedad de los dueños legítimos. La protección que se eliminó había sido establecida en 2006 y extendida en 2021. El Gobierno argumenta que esta medida permitirá garantizar la propiedad privada, atraer inversiones y promover el desarrollo del país. Sin embargo, esta resolución contradice el artículo 75 de la Constitución que reconoce los derechos de los pueblos originarios sobre sus tierras tradicionales. Es importante destacar que esta medida puede generar conflictos territoriales y afectar los derechos de las comunidades originarias.
Otro atropello a los derechos adquiridos
El presidente Javier Milei derogó el Decreto Nº 805/2021 que protegía a las comunidades originarias de desalojos.
El gobierno de Javier Milei eliminó la protección legal que tenían los pueblos indígenas para evitar los desalojos de sus tierras ancestrales, a través del decreto 1083/2024. Esta medida declara el fin de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, establecida en la Ley 26.160.
El decreto también deja sin efecto el artículo 2 de esa ley, que suspendía la ejecución de sentencias y actos administrativos tendientes al desalojo de esos territorios. Esto permite que el Estado falle a favor de privados que poseen títulos de propiedad irregulares, poniendo en riesgo los derechos ancestrales de centenares de familias.
Es importante destacar que esta medida choca con el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas y garantiza su posesión y propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
La disputa por la propiedad de la tierra:
La decisión del gobierno de eliminar la prórroga de la ley 21.160 ha generado una gran preocupación entre las comunidades indígenas de Argentina. Esta ley protegía los derechos ancestrales de los pueblos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
El decreto firmado por el presidente Javier Milei y su ministro Federico Sturzenegger permite que el Estado falle a favor de privados que poseen títulos de propiedad irregulares, lo que podría generar una «inseguridad jurídica» para las comunidades indígenas.
Es importante destacar que la Constitución Nacional argentina reconoce la «preexistencia étnica» de los pueblos indígenas y garantiza su derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
La eliminación de la prórroga de la ley 21.160 ha sido criticada por varias organizaciones y expertos, quienes argumentan que esta decisión podría generar conflictos territoriales y afectar negativamente a las comunidades indígenas.
En este sentido, es fundamental recordar la historia y la situación actual de los pueblos originarios en Argentina, como se menciona en un artículo de Diana Lenton ¹. La autora destaca la importancia de reconocer los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y la necesidad de proteger sus tierras y recursos.
La decisión que deja en situación de fragilidad a los pueblos originarios de todo el país que viven en tierras autóctonas que están en disputa judicial entró en vigencia a partir de hoy. Permite que el Estado falle a favor de privados (personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras) que poseen títulos de propiedad irregulares por haber sido expedidos posteriormente a propiedad ancestral.
Seguir Leyendo:
LO MÁS DESTACADO
