La compra hecha por el Gobierno nacional fue firmada por Javier Milei e involucra a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
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«Los que venían a cambiar las cosas»: ¡El curro a la vista! El Gobierno de Milei realizó una compra fenomenal y la declaró como » ultra secreta»
El presidente de la Nación, Javier Milei, firmó el decreto 21/2025 que declara secreta la adquisición de un sistema antidrones, argumentando su necesidad para enfrentar amenazas relacionadas con los vehículos aéreos no tripulados (VANT), más conocidos como drones civiles.
Esta decisión ha generado cuestionamientos debido al carácter confidencial de la operación y a la falta de detalles sobre los costos y proveedores involucrados.
Según el texto oficial, el Ministerio de Seguridad justifica la medida destacando que estos dispositivos, por su accesibilidad y facilidad de uso, pueden ser utilizados con fines ilícitos, incluyendo ataques terroristas, transporte de contrabando en cárceles y fugas mediante explosivos.
Sin embargo, la declaración de secreto genera dudas sobre la transparencia y el control de la operación, especialmente en un contexto donde las adquisiciones públicas suelen estar bajo la lupa.
El decreto también establece que el Ministerio de Seguridad será responsable de coordinar la compra y desplegar el sistema antidrones, en conjunto con fuerzas de seguridad como la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.
A pesar de los argumentos oficiales, la falta de información concreta sobre el alcance y los costos de esta tecnología plantea interrogantes sobre su verdadera efectividad y sobre la idoneidad del manejo de los recursos públicos.
El documento destaca que mantener en secreto los detalles de la adquisición busca evitar que posibles actores malintencionados eludan la tecnología a implementar. Sin embargo, esta justificación ha sido cuestionada por expertos, quienes señalan que podría abrir la puerta a posibles irregularidades o manejos poco claros en la contratación.
Finalmente, el decreto instruye a la Secretaría de Coordinación Administrativa a ejecutar los procedimientos necesarios para implementar la medida. En un país donde los reclamos por transparencia son recurrentes, la falta de información sobre esta operación representa un nuevo desafío para la confianza pública en la gestión de la seguridad nacional.
