El presidente Milei más malo que Soraya en «María la del Barrio»: la motosierra de Milei se ensaña con las personas con discapacidad y otras enfermedades

El reciente anuncio del Gobierno de Javier «Jamoncito» Milei, sobre la implementación de nuevos filtros para la evaluación del grado de deterioro psicofísico de los beneficiarios de pensiones por discapacidad ha generado un intenso debate en la sociedad.

Lejos de hacer pagar el ajuste a la casta, la motosierra del “Presiduende” se ensaña con los más débiles, y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) llevará a cabo una auditoría de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral, lo que implica un cambio significativo en la gestión y control de estos beneficios.

Desde la asunción de Javier Milei, su gobierno ha utilizado como excusa para recortar la ayuda a áreas sensibles pero poco “redituables” una presunta preocupación por la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Según el “bobocero” presidencial, Manuel Adorni, el 66 por ciento de los beneficiarios de pensiones por discapacidad presentan «certificados de dudosa procedencia». Esta afirmación, sin evidencia categórica alguna, ha sido utilizada vilmente por el Gobierno para justificar la necesidad de una auditoría exhaustiva de los beneficios otorgados en administraciones anteriores.

Adorni ha destacado casos extremos, como el de una persona que presentó una radiografía de un perro para intentar justificar su invalidez. A pesar de que este caso particular fue investigado y la pensión no fue otorgada, tales ejemplos han alimentado la narrativa del gobierno sobre la existencia de irregularidades en el sistema de pensiones.

Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que anécdotas aisladas no necesariamente reflejan la realidad de todos los beneficiarios de pensiones por discapacidad, muchos de los cuales enfrentan reales desafíos de salud.

El mecanismo del ajuste

El proceso de auditoría que ha sido anunciado se llevará a cabo en cuatro etapas y estará compuesto por la revisión de casos a través del envío de cartas documento a los beneficiarios. Las personas seleccionadas deberán presentarse a turnos donde serán evaluadas clínicamente por médicos de PAMI (Programa de Atención Médica Integral). Después de estas evaluaciones, se elaborarán informes que determinarán la continuidad de los beneficios.

El enfoque escalonado tiene como objetivo gestionar eficientemente la gran cantidad de casos que serán revisados, pero también implica que muchos beneficiarios enfrentarán incertidumbre sobre su situación durante el proceso. Esta auditoría podría llevar a la reducción o incluso a la anulación de pensiones, lo que ha llevado a algunos críticos a cuestionar la forma en que se está manejando la revisión de estos beneficios vitales.

Nuevos Requisitos y Criterios para la Evaluación

Con la nueva normativa, el gobierno ha establecido criterios más estrictos para evaluar la incapacidad laboral de los solicitantes. Los requisitos incluyen:

1. Certificado médico oficial: Un documento que acredite la condición de salud del solicitante.
2. Resumen de historia clínica: Debe proporcionarse un informe detallado y actualizado del médico tratante, que incluya un análisis claro de la situación del paciente.
3. Estudios complementarios/interconsultas: Es necesario presentar todos los estudios médicos que respalden el diagnóstico y las secuelas de la patología incapacitante.

Los dictámenes médicos se clasificarán en cuatro categorías: dictamen favorable, evaluable, incapacidad baja y sin incapacidad. Este enfoque pretende garantizar que solo quienes realmente necesiten apoyo económico puedan acceder a estas pensiones.

Más dudas que certezas

A pesar de las intenciones declaradas por el gobierno, la medida ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad. Activistas y defensores de los derechos de las personas con discapacidad han expresado su preocupación sobre el endurecimiento de los controles, argumentando que podría llevar a la exclusión de personas que realmente necesitan el apoyo. La idea de que dos de cada tres beneficiarios tienen certificados de dudosa procedencia ha sido considerada exagerada y potencialmente estigmatizante.

Adicionalmente, el hecho de que durante el primer mes de citaciones, solo el 31,5 por ciento de los beneficiarios se presentaron a las evaluaciones genera dudas sobre la efectividad del sistema de comunicación y sobre cómo se están manejando estos procesos. La falta de presentación puede deberse a varias razones, incluyendo desconfianza hacia el sistema, problemas de movilidad o incluso la percepción de que se está aplicando un control excesivo sobre su situación.

En definitiva,la auditoría de pensiones por discapacidad propuesta por el gobierno de Javier Milei representa un cambio significativo en cómo el estado argentino aborda un tema tan sensible y crítico como es la discapacidad.

La intención de depurar el sistema y garantizar recursos para quienes realmente los necesitan es loable, pero no obstante resulta poco sincera y parece ocultar motivos perversos, y parece destinada a ser una carga adicional para aquellos que ya enfrentan dificultades importantes.

En un contexto donde la vulnerabilidad de muchos ciudadanos es evidente, se requiere un balance entre el control del gasto público y el respeto por los derechos de las personas con discapacidad, algo ante lo que Milei y sus esbirros no han mostrado sensibilidad alguna hasta ahora.

El costo humano de errar en esta política puede ser alto, y es responsabilidad del Gobierno y de la sociedad garantizar que el apoyo a estas personas sea no solo una política pública, sino un compromiso ético y moral.