El juez mandó oficios a Cancillería, la ex AFIP y Fabricaciones Militares para saber cuáles fueron los productores contratados durante el Gobierno de Alberto Fernández.
Mandó a fiscalizar tres organismos clave
El honesto esta mas sucio que palo de gallinero: El saqueo de los seguros el juez acorrala al jeropa Alberto Fernández y su entorno con una investigación clave
El escándalo de los seguros contratados durante la gestión de Alberto Fernández sigue sumando evidencias de maniobras irregulares y posibles actos de corrupción que beneficiaron a un grupo selecto de intermediarios.
El nuevo juez de la causa, Sebastián Casanello, ordenó nuevas medidas de prueba en la Cancillería, la ex AFIP y Fabricaciones Militares, organismos clave en este entramado de negociados que parecen haber funcionado bajo la complicidad del gobierno anterior.
El magistrado busca determinar quién dio la orden de contratar a productores de seguros que actuaban como intermediarios entre las dependencias oficiales y Nación Seguros.
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Allanamiento x la causa seguros de Alberto /// Lo ordenó el Juez Casanello
— Facundo (@facun1976) June 10, 2024
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En la mayoría de los casos, se encontraron notas firmadas por funcionarios de segunda línea, pero también por ministros que, a dedo, elegían a los beneficiarios de estas contrataciones.
Casanello requirió todas las actuaciones internas relacionadas con la selección y designación de productores, asesores, organizadores y/o masters en la contratación de pólizas.
Pidió expedientes administrativos, correos electrónicos y cualquier otro documento digital que pueda arrojar luz sobre el mecanismo de este esquema de intermediación sospechoso. Además, solicitó un listado de los seguros contratados por cada organismo, los datos de los intermediarios y las fechas de las pólizas.
Uno de los puntos clave de la investigación es la Cancillería, donde el juez quiere establecer qué rol desempeñaron Pablo Norberto Delgado y Cecilia Todesca en la contratación de seguros y la designación de intermediarios. Una búsqueda similar llevó a cabo en la ex AFIP, donde aparecen involucrados Mauro Izzi y Carlos Castagneto, este último actual diputado nacional.
Durante un año, el juez Julián Ercolini avanzó con la causa y ordenó numerosos allanamientos, además de requerir documentación a casi un centenar de organismos para reconstruir los convenios de seguros contratados entre el 10 de diciembre de 2019 y el último día del gobierno de Alberto Fernández.
En ese proceso, se incautaron notas que dejaban en evidencia cómo se designaban arbitrariamente a los intermediarios.
Uno de los casos más llamativos es el de Federico D’Angelo, exdirector del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES, quien firmó de su puño y letra una nota que, fuera del sistema oficial de comunicación (GDE), designaba a las empresas San Ignacio y TG Brokers como organizador y productor de seguros.
El negocio de los seguros implicó comisiones multimillonarias para un grupo reducido de empresas afines al gobierno de Alberto Fernández. Solo el amigo personal del expresidente, Héctor Martínez Sosa, y sus “satélites”, cobraron 2.297.820.134 pesos, lo que representa casi el 60 por ciento de las comisiones pagadas entre 2019 y 2023.
Un contrato particularmente escandaloso fue el de la Cancillería, donde una auditoría de Nación Seguros determinó que se abonaron 11.480.026 pesos a Martínez Sosa y Emanuel Calvo, uno de sus laderos. Este acuerdo apareció mencionado en los chats entre María Cantero, esposa del empresario, y el entonces presidente.
“Tengo un problema, están sacándole Cancillería a Hecky (su marido), están nombrando otro productor. Hecky va a hablar con Juan Manuel. Ya le sacaron algunas cuentas… La Cámpora armó broker. Pero Cancillería es nuestra (sic)”, le escribió Cantero a Alberto Fernández.
Poco después, la secretaria le reenvío un mensaje de su esposo: “Buen día! Ingresó en Provincia ART una carta de designación de Cancillería a favor de NET Broker. La firma Pablo Delgado, de la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior”.
La respuesta del Presidente no dejó dudas sobre su intervención directa en el negocio: “Ya me ocupo”.
Con el cambio de juez a comienzos de febrero, cuando se venciera la subrogancia de Ercolini en el juzgado federal 11, la causa tomó un nuevo rumbo. Casanello decidió revisar toda la documentación antes de tomar una decisión y detectó que faltaban datos clave de Cancillería, Fabricaciones Militares y la ex AFIP.
Entre sus órdenes, el magistrado también requirió información a Nación Seguros sobre los fondos liquidados a los coaseguradores a raíz de las pólizas emitidas durante el período de gobierno de Alberto Fernández.
El coaseguro, una práctica utilizada por las aseguradoras para distribuir responsabilidades de riesgo, ha sido motivo de escrutinio desde el inicio de la investigación.
La causa avanza y con ella se expone un esquema que, lejos de ser una simple irregularidad, parece haber sido un sistema de corrupción meticulosamente organizado.
Alberto Fernández no solo estuvo al tanto de estos manejos, sino que intervino activamente en favor de sus allegados.
La Justicia ahora tiene la oportunidad de demostrar si estos delitos serán castigados o si, una vez más, la impunidad política prevalecerá sobre la ley.
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