Justicia corrupta y mafiosa: Censura previa en Tucumán imponen un bozal legal y prohíben críticas a fiscales y jueces

El Ministerio Público Fiscal de Tucumán tomó una decisión que generó fuerte rechazo en el ámbito periodístico: ordenó el cese inmediato de toda difusión televisiva, radial, digital o en redes sociales que haga referencia a fiscales o magistrados de la provincia. La medida fue impulsada y presentada por el fiscal Edmundo Jiménez, quien argumentó que existió una presunta “ofensa al ejercicio de las funciones públicas”.

El fallo alcanza al empresario Gustavo Olarte, titular de la compañía Compañía de Circuitos Cerrados (CCC), y se extiende también a todo su personal, periodistas, productores, conductores y colaboradores. La resolución fue notificada al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y tendrá vigencia por seis meses, bajo apercibimiento de sanciones judiciales para quien no cumpla con la orden.

La decisión judicial llega en medio de un clima tenso entre la prensa y el Poder Judicial tucumano, luego de varios casos que expusieron la actuación de fiscales en causas sensibles. En ese contexto, CCC ya había sido blanco de una medida similar semanas atrás, cuando otro medio local, Enterate Play, sufrió un allanamiento ordenado por la Justicia provincial.

Desde los tribunales tucumanos se justificó la denuncia afirmando que “Olarte, valiéndose de una apariencia de ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, ha emprendido una campaña pública de hostigamiento, desprestigio y ataque mediático contra distintos fiscales y contra el sistema de justicia provincial en su totalidad”. Sin embargo, la disposición despertó preocupación nacional por sus implicancias en la libertad de prensa.

Titular del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, Edmundo “Pirincho” Jiménez

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su repudio y advirtió que la medida constituye “un bozal legal al director de una empresa de televisión por cable, así como a los productores, periodistas y conductores de esa firma”. El comunicado agrega que la decisión, firmada por el juez subrogante Lucas Taboada, fue dictada a partir de una denuncia penal presentada por el titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez, contra Olarte por supuestos delitos de entorpecimiento, coacción institucional e incitación pública al descrédito.

La resolución ordena de forma explícita a la empresa y sus trabajadores el “cese inmediato de la difusión de todo contenido, programa o publicación que directa o indirectamente injurie, desacredite, tergiverse o distorsione la actuación de fiscales, funcionarios o magistrados intervinientes”, además de prohibirles realizar “actos comunicacionales de igual naturaleza” durante seis meses.

FOPEA advirtió que la medida afecta de manera directa el derecho a la información de la ciudadanía y vulnera los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de prensa. Según el organismo, se trata de “una clara forma de censura previa, algo que la Constitución Nacional y los tratados internacionales prohíben expresamente”.

El comunicado también recordó que la jurisprudencia nacional e internacional establece que el honor y la intimidad de los funcionarios públicos no pueden protegerse mediante restricciones preventivas, sino a través de mecanismos reparatorios posteriores. En ese sentido, citaron un precedente reciente: el intento de censura judicial a los periodistas de Data Clave y Carnaval Stream sobre los audios atribuidos a Karina Milei, que finalmente fue revocado por un tribunal civil.

“Cuando lo publicado se relaciona con funcionarios públicos, las pretensiones como las que se encuentran sujetas a tratamiento ceden ante los derechos constitucionales antes aludidos”, señalaron los magistrados en aquel fallo, que reafirmó el principio de escrutinio público sobre los representantes del Estado.

Desde el sector periodístico sostienen que la decisión de la Justicia tucumana instala un precedente peligroso: si se permite censurar preventivamente a los medios que cuestionen a funcionarios judiciales, se debilita el control social y se fomenta la autocensura. Para FOPEA, esta situación compromete la calidad democrática y coloca en riesgo el ejercicio del periodismo independiente en el país.

El fallo se enmarca en las diversas críticas que recibió la actuación de los fiscales en varios casos de trascendencia pública. La semana pasada, se conoció la inacción en el caso de Karla Nahir Naomi Robles, la joven que se suicidó en vivo luego de años de maltrato y hostigamiento por parte de su ex.

La controversia abrió un nuevo debate sobre los límites del poder judicial frente a la libertad de expresión. Si la medida queda firme, podría sentar un precedente que habilite un control estatal directo sobre el discurso periodístico en Tucumán y en el resto de la Argentina, un escenario que revive viejas discusiones sobre censura, poder y prensa en democracia.