La Sala I de la Cámara Federal resolvió que la investigación por la propiedad en Pilar atribuida a Claudio “Chiqui” Tapia no encuadra como lavado de activos, al no existir fondos públicos comprometidos. El expediente dejará el fuero federal y será analizado por la Justicia Penal Económica ante una eventual evasión fiscal, lo que implica un giro en la causa impulsada por la Coalición Cívica y tramitada hasta ahora por el juez Daniel Rafecas.
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La Sala I de la Cámara Federal resolvió que la causa por la mansión de diez hectáreas en Pilar, atribuida al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, deje de estar a cargo del juzgado federal de Daniel Rafecas y pase al Juzgado Penal Económico Nº 10, en manos de Marcelo Aguinsky.
El fallo de la Cámara sentencia que no hay evidencia de delito de lavado de dinero. Por el contrario, en caso de encontrarse en presencia de un delito, podría ser por evasión fiscal e inmediatamente debe intervenir el fuero penal económico.
Con esta resolución, quedó evidenciado que el juez estuvo investigando un delito que resultó inexistente. En un primer momento, el magistrado había tomado la misma decisión que ahora ratifica la Cámara, pero luego cambió de criterio y avanzó con una serie de medidas. Esta escena llamó la atención en Tribunales: varios recordaron que el magistrado tiene pendiente un concurso para ocupar un cargo en la Cámara de Casación. Quién debe elegir qué candidato pasa a la instancia del Senado es el Poder Ejecutivo.
En resumen, el expediente deja de investigarse como un delito penal federal y recae en el ámbito del fuero Penal Económico, donde los posibles delitos son los vinculados a lavado de activos, evasión impositiva, enriquecimiento ilícito, operaciones financieras irregulares y maniobras societarias complejas. El resultado es un cambio de eje en el avance de la Justicia: no se indagará sobre los bienes sino sobre el origen del dinero.

La denuncia se generó por los dirigentes de la Coalición Cívica, Matías Yofe y Facundo del Gaiso, quienes apuntaron contra la empresa Real Central SRL, a cargo de Ana Lucía Conte y Luciano Pantano, a los que señalaban por sus supuestos vínculos con los dirigentes de la AFA.
Tal como contó Data Clave, la causa avanzaba en manos de Rafecas que ya tenía a disposición información de las partes. Los denunciantes insistieron en la condición de monotributista de Pantano e incluso hicieron una lista de los bienes que tendría y que habrían sido incluidos en el último blanqueo llevado adelante por la gestión de Javier Milei. Dentro del expediente consta un documento de ARCA, al que tuvo acceso este medio, que muestra que Pantano es responsable inscripto desde hace más de cuatro años y que su situación fiscal fue regularizada.
Según la primera documentación, Pantano blanqueó u$s 1.885.000, lo que daría orden a su situación fiscal. Desde Real Central SRL apuntan a demostrar que entre el blanqueo y la operación comercial de la misma empresa se generaron los ingresos para justificar la propiedad y los otros bienes registrados a nombre de la empresa.

































