Basuras de la peor calaña: Antes de la causa de las coimas en Andis, los empresarios prebendarios investigados habían ampliado otros curritos mirá cuáles son

Los empresarios actualmentes investigados en la causa Andis ampliaron sus negocios con el Estado antes de quedar bajo la lupa judicial. Se trata de Miguel Ángel Calvete y Federico Maximiliano Santich, señalados por la Justicia por una presunta asociación ilícita en la Agencia Nacional de Discapacidad, que desde la pandemia consolidaron contratos con distintos organismos nacionales.

La investigación, a cargo del fiscal federal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello, no se limita a las maniobras detectadas en la Andis durante la gestión de Diego Spagnuolo.

Registros oficiales y documentos tributarios muestran que ambos empresarios obtuvieron ingresos millonarios mediante la provisión de servicios y productos a reparticiones como el Ministerio de Salud, el PAMI y la Dirección Nacional de Vialidad, durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei.

El vínculo entre Calvete y Santich se inició en 2020, en el contexto del Covid-19, cuando comenzaron a explorar oportunidades con el sector público. El primer contrato identificado fue la provisión de ortopedia e insumos médicos al Ministerio de Salud, bajo la gestión de Ginés González García. “Sillas de ruedas, con base en Villa Urquiza”, describió una fuente con conocimiento directo de esas operaciones.

Santich canalizó gran parte de esos negocios a través de sociedades como Profarma SA y Profusión Marketing SRL, luego Profusion SRL, que modificó su objeto social hacia servicios de salud humana. Ambas firmas aparecen en el dictamen del fiscal Picardi presentado en noviembre, cuando solicitó indagatorias y detenciones.

También fueron utilizadas Smart Medical Image SRL y Prenor SAS, dedicadas a instrumental y artículos ortopédicos. Según fuentes citadas por LA NACION, la administración financiera quedaba bajo la supervisión de Laura Poloni, colaboradora directa de Santich.

Un salto clave fue el ingreso al circuito de la Andis, tras una presentación realizada por Kevin Pocovi. Ese vínculo se habría consolidado durante la campaña presidencial de 2023.

Pocovi, a través de Inversora Eslava SA, firmó con el PAMI un contrato de alquiler por un edificio en Reconquista 46 por más de pesos 2.700 millones en 2024.

Con el crecimiento de los ingresos, los empresarios diversificaron inversiones, adquirieron un centro de diagnóstico en Quilmes y ampliaron su estructura con nuevas firmas como Meridius SA. Para la Justicia, estos antecedentes son parte central del contexto que hoy se analiza en la causa Andis.