El sincericidio del coimero de Milei: «Les estamos afanando los choreos»el Gobierno le dio la concesión de rutas a una empresa vinculada a la corrupción K

Para quienes tenían esperanzas de que el Gobierno de Javier “Jamoncito” Milei fuese a cumplir con sus promesas de terminar con los curros de la casta política y los “empresaurios”, la realidad no ofrece buenas noticias.

Después de haber quedado salpicado por múltiples escándalos de corrupción, como el caso LIBRA y las coimas en ANDIS, e incluso llegar a decir que los kirchneristas están enjoados con él porque les está “afanando los choreos”, el prescindente sumó un nuevo caso turbio a su largo historial de chanchullos.

A comienzos de noviembre, la gestión mileísta festejó la primera adjudicación de una concesión vial bajo el supuesto “nuevo modelo” libertario: obras financiadas por privados y un Estado que se corre de la obra pública.

Sin embargo, detrás del anuncio rimbombante asoma una contradicción difícil de disimular. Las únicas rutas licitadas por la gestión de “Jamoncito” —las nacionales 12 y 14— quedaron en manos de Cartellone, una empresa cuyo titular está imputado en la causa de los Cuadernos por el presunto pago de coimas durante el kirchnerismo y que acumula una decena de expedientes judiciales.

La paradoja es evidente. El propio Milei firmó un decreto que prohíbe contratar con el Estado a compañías involucradas en hechos de corrupción. Pero la letra chica del texto explica el atajo: la exclusión rige solo para empresas sancionadas por el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. El listado de inhabilitadas por esos organismos es exiguo y no incluye a Cartellone ni a otras grandes constructoras locales. La “tolerancia cero” se diluye, así, en un tecnicismo conveniente.

Para concretar la concesión, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, debió además aceitar el esquema con recursos públicos: un préstamo de 50 millones de dólares del banco estatal BICE y la autorización de peajes que triplicarán los valores actuales. Lejos de retirarse, el Estado vuelve a poner la espalda para garantizar un negocio privado, incluso a costa del bolsillo de los usuarios.

El contexto vuelve el cuadro más grave. Las rutas 12 y 14 son arterias clave para el comercio del Mercosur y atraviesan un deterioro alarmante. Solo en el último fin de semana se registraron once muertes en Entre Ríos, y este lunes una familia entera perdió la vida en la ruta 14, a la altura de Chajarí. La tragedia expone años de abandono y la urgencia de obras que no admiten demoras ni opacidades.

El kirchnerismo tampoco queda al margen de las responsabilidades. La causa de los Cuadernos —que investiga un sistema de recaudación ilegal durante los gobiernos de la chorra Cristina Fernández de Kirchner— involucra a empresarios que prosperaron al calor de la obra pública y a funcionarios que habilitaron ese entramado. Cartellone es uno de los nombres que aparecen en ese expediente, símbolo de una época en la que las licitaciones eran moneda de cambio política.

Por eso, la pregunta cae por su propio peso: ¿cómo es posible que una gestión que se presenta como ruptura con “la casta” termine recurriendo a los mismos actores cuestionados del pasado? La respuesta está en un decreto diseñado para exhibir virtud sin alterar intereses. Un gesto de marketing anticorrupción que convive con decisiones calcadas de aquello que se prometía erradicar.

Desde la medianoche del 7 de enero, las rutas 12 y 14 pasaron formalmente a manos de los nuevos concesionarios. Ante el estado calamitoso de los caminos y la seguidilla de muertes, el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio negoció con la Nación el inicio inmediato de las obras, que comenzarían este miércoles por la ruta 12. El apuro es comprensible; la coherencia, no tanto.

Entre el discurso libertario y las prácticas heredadas, la gestión Milei parece repetir una vieja historia argentina: cambiar el relato sin cambiar a los protagonistas. Y en el medio, como siempre, quedan las rutas rotas y las víctimas.