Son del mismo palo: «Son chicos que no entienden», dicen los K mientras los narcos se frotan las manos para reclutar pibes

Dirigentes kirchneristas volvieron a intervenir en el debate sobre seguridad y responsabilidad penal juvenil luego del asesinato de Jeremías Monzón, el joven que fue torturado y asesinado por tres menores de edad, caso que reactivó la discusión pública sobre la edad de imputabilidad y el rol del Estado frente a delitos cometidos por adolescentes.

En ese contexto, el gobernador bonaerense y posible candidato a presidente en 2027 Axel Kicillof compartió una extensa nota de opinión de su ministro de «Inseguridad», Javier Alonso, en la que sostiene que el problema no se resuelve únicamente modificando la edad mínima de imputabilidad y plantea la necesidad de un “esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”.

En el texto, Alonso afirma que la normativa vigente desde 1980 debe ser reemplazada, pero advierte que cambiar el número por sí solo no modifica la realidad del delito juvenil. “Modificar la edad no resuelve nada por sí mismo. Poner allí el eje de la discusión es un camino al fracaso”, señaló el funcionario.

El ministro también cuestionó la estrategia del Gobierno nacional y sostuvo que el debate está mal orientado. Según indicó, la legislación actual ya permite detener a menores peligrosos cuando se trata de delitos graves. Además, alertó sobre la utilización de menores por parte de bandas criminales y planteó que, si la edad se fijara en 13 años, podrían utilizarse chicos aún más jóvenes para cometer ilícitos. “¿Seguimos bajando la edad eternamente? ¿Hasta dónde?”, planteó.

Alonso agregó que la experiencia internacional muestra rangos diversos, entre 12 y 16 años, y remarcó que lo determinante es la capacidad del Estado para intervenir, sancionar y hacer seguimiento de los casos. En esa línea sostuvo que no se puede dejar en libertad a un menor que comete un delito con un arma de fuego, sin importar su edad.

El funcionario también afirmó que el presidente Javier Milei rechazó reuniones solicitadas por la Provincia para coordinar políticas y pidió avanzar en un esquema conjunto. Según expresó, el Gobierno nacional debería impulsar que cada provincia sancione una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que defina procedimientos y herramientas para los jueces ante cada situación.

En paralelo, en medio del impacto generado por el crimen de Monzón, la diputada nacional Natalia Zaracho también rechazó la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad y sostuvo que “son chicos, no entienden lo que están haciendo”, declaración que volvió a encender el debate sobre seguridad, prevención y justicia para las víctimas.

El intercambio entre Nación y Provincia, sumado a la conmoción social por delitos cometidos por menores, mantiene abierto un debate que combina discusiones legales, políticas y sociales sobre cómo abordar la delincuencia juvenil y qué reformas pueden ofrecer respuestas efectivas ante una problemática que continúa generando preocupación en gran parte de la sociedad.