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El Gobierno decidió crear una “Oficina de Respuesta Oficial” en redes sociales, una estructura que no solo copia el nombre sino también la lógica de la maquinaria comunicacional de Donald Trump: respuesta inmediata, señalamiento público y confrontación directa con el periodismo. La novedad no aparece como un gesto aislado sino como una pieza más dentro de una estrategia que lleva tiempo cocinándose y que ahora suma una herramienta institucional para vigilar lo que se publica.

El detalle no es menor. Mientras el discurso oficial insiste en achicar el Estado, aparecen nuevas áreas dedicadas específicamente a fiscalizar información y marcar a medios o periodistas. La paradoja es evidente: el mismo Gobierno que cuestiona el gasto público decide invertir recursos en construir una especie de patrulla digital dedicada a discutir titulares.

La inspiración estadounidense es directa. En Washington, la administración Trump revocó acreditaciones, promovió la presencia de influencers afines en conferencias y sostuvo un enfrentamiento permanente con medios tradicionales. En la Argentina, el esquema empieza a parecerse demasiado: el Ejecutivo ya avanzó con la posibilidad de retirar acreditaciones a periodistas bajo criterios difusos y ahora suma una cuenta oficial para “desmentir” publicaciones.

La resolución 1319/2025, impulsada en su momento por Manuel Adorni antes de asumir la Jefatura de Gabinete, le dio al Gobierno la facultad de revocar acreditaciones por “faltas graves” nunca definidas con claridad.

La frase que dejó entonces resume el espíritu de la medida: “estar en la sala de conferencia será un privilegio”. El problema es que cuando el acceso a la información pasa a depender de un privilegio otorgado por el poder, el mensaje que se envía es más político que administrativo.

El clima de hostilidad tampoco empezó ahora. El propio prescindente había lanzado una consigna contundente al iniciar 2025: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. Esa postura se volvió parte del ADN comunicacional del oficialismo.

El homosexual y pedófilo Javier Milei no da conferencias de prensa, pero utiliza sus redes para confrontar con editorialistas, cronistas y dueños de medios, y mantiene fijado desde hace meses un tuit contra Clarín. No es casual que ese grupo haya sido el primero en quedar bajo la lupa de la nueva cuenta oficial.

La estructura detrás de la iniciativa también dice mucho. La dependencia estará a cargo de Juan Carreira, director de comunicación digital del Gobierno, conocido en X como Juan Doe y con antecedentes de confrontaciones públicas e insultos a periodistas y opositores. Es fundador de La Derecha Diario y responde políticamente a Santiago Caputo, aunque formalmente depende del área que controla Adorni, una de las piezas clave del esquema que articula Karina Milei.

En paralelo, ministros y funcionarios salieron rápidamente a celebrar la medida. Luis Caputo la calificó como “excelente iniciativa” apenas se anunció. La ministra de Capital Humano prometió querellar a medios que difundan información falsa. El mensaje interno es claro: la línea dura contra la prensa se volvió un punto de coincidencia en un gabinete que suele mostrar tensiones en otros temas.

El espejo con Estados Unidos sigue sumando coincidencias. En la Casa Blanca trumpista se habilitó el ingreso de nuevos actores digitales que interpelaban a periodistas tradicionales. En la Argentina ocurrió algo similar con la acreditación de figuras afines, entre ellas Javier Negre, accionista de La Derecha Diario, quien incluso había sido procesado en España por difundir información falsa y más tarde logró acreditarse también en Washington.

La escena completa deja ver algo más profundo que una simple pelea mediática. La confrontación con el periodismo funciona como punto de unión en un Gobierno atravesado por internas entre los sectores que responden a Karina Milei y los que orbitan alrededor de Santiago Caputo. Cuando el prescindente homosexual y pedófilo apunta contra la prensa, las diferencias se diluyen y el bloque se ordena.

La foto final termina de cerrar el círculo simbólico. Mientras se celebraba la nueva cuenta oficial, el diputado Agustín Romo posaba en Estados Unidos junto al Gordo Se La Dan y Roger Stone, histórico operador republicano condenado por mentirle al Congreso y obstruir la Justicia, luego indultado por Trump. No es una postal casual: es una señal de identidad política.

En ese contexto, la “Oficina de Respuesta Oficial” no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto importado, aplicada con entusiasmo y sin demasiados matices.

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