Lo abrocharon al corrupto y chorro: Revés para Ca-Puto la Justicia tumbó el apagón informativo sobre los combustibles

La Justicia Federal de La Plata frenó otra medida del Gobierno del presidemente Javier Milei. El juez Alejo Ramos Padilla declaró inconstitucional la resolución del ministro de Economía, Luis Ca-Puto, que eliminó el sistema público utilizado para consultar y comparar los precios de los combustibles.

La sentencia dejó sin efecto la Resolución 717/2025, mediante la cual Economía derogó el mecanismo creado en 2016. Ese esquema obligaba a las estaciones de servicio a informar cada modificación en los valores de las naftas, el gasoil y el GNC dentro de un plazo máximo de ocho horas.

Los datos alimentaban una plataforma estatal que permitía conocer los precios de todas las estaciones, comparar alternativas y denunciar diferencias entre el importe informado y el efectivamente cobrado en el surtidor.

Ramos Padilla consideró que la eliminación de la herramienta provocó un retroceso injustificado en la protección de los consumidores y vulneró el derecho a recibir información adecuada y veraz, establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

El Gobierno defendió la desregulación con el argumento de que los precios podían consultarse en aplicaciones privadas, páginas de las petroleras o directamente en las estaciones. El magistrado rechazó esa postura porque se trata de información dispersa, administrada por las propias empresas y difícil de comparar.

El fallo también advirtió que los sistemas de “micropricing”, que permiten cambiar los valores con mayor frecuencia, vuelven todavía más necesario un registro estatal uniforme y actualizado. Cuanto más dinámicos resultan los precios, mayor es la necesidad de contar con una herramienta pública para seguir sus movimientos.

La causa comenzó a partir de una acción colectiva presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad. La sentencia alcanza a todos los consumidores de combustibles líquidos y GNC del país, aunque se trata de una decisión de primera instancia que el Gobierno puede apelar.

La organización sostuvo que la medida de Ca-Puto debilitó la capacidad estatal de controlar el mercado y dejó la transparencia en manos de las compañías. El juez también rechazó los planteos realizados por el Estado nacional y por OPESSA, empresa que intervino como tercera en el expediente.