A los coimeros de los Milei y su hermana tortera: De esta no se $LIBRA la Justicia vuelve a poner bajo la lupa a Milei y busca reabrir la causa por la criptoestafa

El escándalo de la criptomoneda $LIBRA está lejos de convertirse en un capítulo cerrado para Javier “Jamoncito” Milei. Cuando en la Casa Rosada parecían celebrar el sobreseimiento del presidemente y de su hermana, Karina “Alta Coimera” Milei, la intervención de un organismo especializado en investigar hechos de corrupción volvió a sacudir el expediente y abrió una nueva posibilidad para que se profundice la pesquisa sobre las maniobras detrás del criptoactivo promocionado por el propio mandatario.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, asumió el ejercicio de la acción penal y solicitó formalmente la reapertura de la causa. Además, presentó una apelación subsidiaria para que la decisión pueda ser revisada por una instancia superior en caso de que el pedido sea rechazado.

La intervención del organismo se produjo después de un planteo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que cuestionaron el cierre prematuro de la investigación y reclamaron que se agotaran las medidas de prueba pendientes. Las organizaciones advirtieron que el expediente todavía no había esclarecido aspectos fundamentales de una operación que involucra al jefe de Estado y a integrantes de su entorno.

El movimiento judicial representa un fuerte cuestionamiento al accionar del fiscal Eduardo Taiano, quien había desistido de continuar con la acusación, y al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que el pasado 23 de octubre dictó el sobreseimiento de Milei, Karina y otros nueve imputados. La resolución sostuvo que los hechos denunciados no encuadraban en una figura legal, pese a que todavía existían líneas de investigación sin profundizar.

Entre los puntos que la PIA considera necesario esclarecer aparecen la trazabilidad de los fondos, la recuperación y el análisis de comunicaciones, los posibles acuerdos comerciales y los movimientos de dinero vinculados con el lanzamiento y posterior desplome del token. También cuestionó que los indicios fueran evaluados de manera aislada, en lugar de analizarlos en conjunto para reconstruir una eventual trama de responsabilidades.

Uno de los aspectos más sensibles del planteo apunta a la situación de las víctimas. CIPCE e INECIP denunciaron que los sobreseimientos se dictaron sin garantizarles la posibilidad de ser escuchadas ni de solicitar la revisión del criterio fiscal, tal como contemplan las normas procesales y la Ley de Víctimas. En ese sentido, consideraron que el cierre del expediente pudo haber vulnerado garantías fundamentales de quienes resultaron perjudicados por el derrumbe de la criptomoneda.

La decisión de la PIA también vuelve a poner en discusión el papel de Taiano, cuya actuación fue cuestionada por las organizaciones debido a la falta de avances en medidas consideradas centrales. La intervención del organismo especializado cobra especial relevancia porque asume la persecución penal que el fiscal del caso había dejado de impulsar, en una investigación que compromete a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.

Un movimiento judicial que suma interrogantes

El expediente quedó momentáneamente en manos del juez Daniel Rafecas, quien subroga el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi durante su licencia. Será quien deba analizar el pedido de reapertura y, eventualmente, la apelación presentada por la Procuraduría.

En ese contexto, también llamó la atención una coincidencia política e institucional: el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, elevó a consideración del Poder Ejecutivo la propuesta para promover a Rafecas a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional el mismo día en que la PIA presentó su planteo en la causa $LIBRA. El magistrado deberá intervenir en una decisión de enorme trascendencia mientras su eventual ascenso depende del Gobierno.

Por ahora, la reapertura no está resuelta y deberá ser definida por la Justicia. Sin embargo, la presentación de la PIA impide considerar definitivamente clausurado el expediente y vuelve a poner en el centro de la escena una pregunta incómoda para Milei: qué ocurrió detrás de la criptomoneda que promocionó desde sus redes sociales y por qué todavía quedan tantas cuestiones sin esclarecer.

El presidemente había intentado despegarse de las consecuencias del derrumbe de $LIBRA, pero el caso continúa generando consecuencias políticas y judiciales. La intervención de un organismo especializado en investigar corrupción vuelve a poner en evidencia que el sobreseimiento no despejó las sospechas ni respondió todos los interrogantes. Para el Gobierno, el criptoescándalo amenaza con seguir siendo una cuenta pendiente que no se resuelve con un fallo favorable.