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Disputa previsional

Se le acabó el pan y circo al gobierno corrupto de Milei: Nuevo revés para el Gobierno la Justicia ordenó suspender los descuentos a la pensión de Cristina Kirchner

Un fallo del Juzgado Federal de la Seguridad Social ordenó interrumpir las retenciones sobre la pensión que percibe por viudez. La medida implica que la exmandataria cobrará alrededor de $3,1 millones adicionales por mes, mientras continúa la disputa judicial por sus asignaciones.

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El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1 ordenó a la ANSES interrumpir las retenciones del 20% que aplicaba sobre la pensión por viudez de Cristina Fernández de Kirchner. La resolución, firmada por la jueza Karina Alonso Candis, establece que el organismo deberá dejar de descontar parte del haber y acreditar que cumplió con la disposición judicial.

La medida representa un incremento de aproximadamente $3.136.630 mensuales para la expresidenta, quien hasta agosto percibía una asignación de $15.683.154,06. Con la eliminación de las retenciones, volverá a cobrar el monto completo de la prestación que recibe tras el fallecimiento de Néstor Kirchner.

El conflicto se remonta a noviembre de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei dispuso retirar tanto la pensión derivada de su esposo como la asignación vitalicia que le correspondía por haber ocupado la Presidencia. En aquel momento, ambos beneficios superaban los $35 millones brutos. La decisión oficial se justificó bajo el argumento de que el Estado no debía destinar fondos públicos a personas condenadas por corrupción. “Durante el mandato del presidente Javier Milei, la Argentina no va a

destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción”, había anunciado el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni.

Sin embargo, en febrero de este año, la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restablecer provisoriamente la pensión por viudez. Cuando la ANSES reanudó los pagos en agosto, resolvió descontar el 20% del haber bruto con el objetivo de recuperar $660.052.338, correspondientes a las sumas que consideraba indebidamente percibidas.

El argumento del organismo previsional se apoyó en un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación. Allí se sostuvo que, tras quedar firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua en la causa Vialidad, el cobro de las asignaciones contempladas en la Ley 24.018 había perdido sustento legítimo. Bajo esa interpretación, percibir esos beneficios constituía un “enriquecimiento indebido” a costa del Estado.

No obstante, la jueza Alonso Candis consideró que la ANSES no cuenta con facultades legales para aplicar descuentos directos sobre la prestación. En su resolución, señaló que la cautelar dictada por la Sala III de la Cámara Federal no había autorizado ninguna retención sobre el monto que debía restituirse.

Además, la magistrada aclaró que la resolución administrativa RESOL-2025-343-ANSES habilitaba al organismo a iniciar las acciones judiciales correspondientes para reclamar el dinero abonado anteriormente, pero no le permitía recuperar esos fondos mediante descuentos automáticos sobre los haberes.

Por ese motivo, el fallo firmado el viernes pasado estableció un plazo de diez días hábiles para que la administración previsional suspenda las retenciones del 20% y presente la documentación que demuestre el cumplimiento de la orden.

En paralelo, la exmandataria había solicitado el reconocimiento de los montos retroactivos y sus respectivos intereses, correspondientes al período comprendido entre el dictado de la cautelar que le devolvió el beneficio y el momento en que comenzó a cobrarlo

nuevamente. También pidió que se declarara la nulidad de la resolución 343 de la ANSES.

Ambos planteos tuvieron una respuesta desfavorable. La jueza mantuvo el criterio que ya había establecido el 23 de junio, cuando rechazó el reclamo por los pagos retroactivos. Respecto de la nulidad, consideró que la expresidenta conoció el contenido del acto administrativo y pudo ejercer su derecho a defenderse. En ese sentido, sostuvo que una “eventual irregularidad de la notificación no constituye, por sí sola, una causal de nulidad del acto administrativo”.

La resolución también dejó pendiente el tratamiento de otros cuestionamientos secundarios presentados por la defensa de la exjefa de Estado. Por su parte, la ANSES todavía cuenta con la posibilidad de llevar la controversia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siempre que las instancias ordinarias de apelación confirmen la suspensión de los descuentos.

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