El fiscal José Luis Agüero Iturbe presentó un recurso ante Casación al considerar que el archivo del expediente fue arbitrario e impidió investigar las irregularidades del acuerdo que salpican a Mauricio Macri.
Con protección de comodoro pro
Justicia federal mafiosa: Hay gato encerrado fiscal pide reabrir la causa por el préstamo de 57 mil millones de dólares que Macri solicitó al FMI
El relato de la «pesada herencia» con el que Mauricio Macri justificó cada una de sus decisiones económicas sumó un tropiezo bastante incómodo. La historia oficial que el expresidente repetía para explicar por qué tuvo que acudir corriendo al auxilio del Fondo Monetario Internacional volvió a quedar bajo la lupa judicial, luego de que un fiscal general reclamara formalmente reabrir la causa donde se investiga el acuerdo millonario.
La decisión de volver a poner la lupa sobre el caso quedó en manos de la Cámara Federal de Casación Penal. El fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, presentó un recurso contra la resolución de la Sala I de la Cámara Federal, firmada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes el 4 de septiembre habían ratificado el archivo del expediente dispuesto previamente por la jueza María Eugenia Capuchetti.
Para Agüero Iturbe, el expediente sufrió un «cierre prematuro» y la resolución judicial resultó «arbitraria». El representante del Ministerio Público remarcó que todavía existían medidas de instrucción pendientes que impedían bajar el telón de la investigación sin antes esclarecer lo sucedido.
“Ante una denuncia que revista mínimamente seriedad y verosimilitud, y existiendo impulso fiscal y medidas de instrucción por ejecutar, el juez no puede arbitrariamente archivar por inexistencia de delito sin efectuar cuanto menos las diligencias que permitan circunscribir el objeto procesal y las responsabilidad de aquellos que se estima intervinieron en el suceso denunciado”, afirmó el fiscal en su presentación.
El planteo ataca directamente la postura de los camaristas, quienes argumentaron que la fiscalía a cargo de Franco Picardi no precisó qué pruebas faltaban ni logró demostrar la existencia de un delito, sosteniendo además que se trató de decisiones políticas no judiciables. Frente a esto, Agüero Iturbe enfatizó: “En una causa penal se investigan ‘hechos’ y no ‘calificaciones legales’”.
El megacrédito con el organismo multilateral se pactó en junio de 2018 por casi 43.000 millones de dólares y se amplió en septiembre de ese mismo año a 57.100 millones de dólares, marcando el mayor acuerdo en la historia del organismo.
Picardi, respaldado en un informe de 2020 de la Auditoría General de la Nación, había detectado supuestas irregularidades administrativas, inconsistencias en la sustentabilidad de la deuda y la falta de un decreto presidencial que formalizara el trámite.
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