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Siguen saliendo a la luz exponentes de los chanchullos kirchneristas.

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La Justicia federal de Salta dio un paso firme este jueves al imputar formalmente al exdiputado nacional Emiliano Estrada, militante de La Cámpora y alineado con Unión por la Patria, por los graves delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios.

El camporista, que hasta el 10 de diciembre gozó de fueros parlamentarios para eludir la acción judicial, es acusado de haber utilizado fondos públicos del Congreso para financiar una operación clandestina de difamación masiva a través de cuentas anónimas en TikTok, vinculando falsamente al Gobierno provincial con el narcotráfico.

Estrada, quien fuera ministro de Economía de Juan Manuel Urtubey antes de abrazar el cristinismo más duro -y que incluso visitó dos veces a Cristina Kirchner en su departamento de Recoleta, incluyendo la polémica reunión con economistas que motivó restricciones judiciales a la expresidenta-, se convierte así en el cuarto imputado en esta causa que expone las tácticas sucias del kirchnerismo salteño.

Según la investigación del fiscal Carlos Martín Amad, el exlegislador ordenaba directamente a sus asesores legislativos -pagados con sueldos del Estado nacional- la producción de videos difamatorios. Dos de ellos, Florencia Bustamante y Javier Alonso Allemand, ya confesaron su participación y fueron condenados en juicio abreviado por la justicia provincial.

Ambos señalaron a Estrada como el cerebro: él enviaba los guiones, aprobaba los contenidos y decidía su publicación en cuentas falsas como “La Casta Salteña”, “La Casta de Sáenz” e “Informante Salta”. Un tercer implicado, Juan Capisano, creador de “Casta Salta”, completó el esquema.

El fiscal dejó claro que no se trata de libertad de expresión -protegida solo en el recinto o medios públicos-, sino de una maniobra anónima y cobarde financiada con recursos de todos los argentinos, destinada a instalar miedo y desprestigio contra rivales políticos, empresarios y periodistas.

El camino hasta esta imputación fue un rosario de chicanas judiciales: pedidos de inhibitoria a Comodoro Py (rechazados), recusaciones extemporáneas contra la jueza Mariela Giménez, ausencias injustificadas a citaciones y apelaciones que demoraron casi un año el avance de la causa. Solo la finalización de su mandato permitió que la Justicia actuara sin el escudo de los fueros.

En una audiencia virtual, Estrada escuchó los cargos pero optó por no declarar. Ahora enfrenta medidas cautelares: obligación de presentarse cuando sea citado y prohibición de obstaculizar la investigación.

Este caso revela una vez más las prácticas autoritarias del kirchnerismo: usar el aparato estatal para operaciones de inteligencia ilegal y campañas de desinformación, mientras sus dirigentes se victimizan alegando “persecución política”.

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