Camino a la sombra al «Pajín»: Al fracasado Alberto Fernández lo procesaron y embargaron por el escándalo de los seguros

El ex presidente Alberto Fernández fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la causa Seguros, y le impuso un embargo monumental de 14.634.220.283 de pesos sobre sus bienes.

La decisión también alcanza al empresario Héctor Martínez Sosa y a su esposa, María Cantero, histórica secretaria de Fernández.

Alberto suma otro procesamiento a su prontuario, ya que en abril quedó a un paso de ir a juicio oral en la causa por presunta violencia de género contra su ex esposa y ex primera dama, Fabiola Yáñez.

Este nuevo procesamiento no solo expone las sombras de su gestión, sino que pone en evidencia un sistema de privilegios y favoritismos que lo compromete gravemente.

El epicentro del escándalo es el decreto 823, firmado por Fernández, que eliminó el sistema de coaseguro y otorgó a Nación Seguros un monopolio en la contratación de seguros para organismos públicos.

Esta maniobra habría facilitado un esquema de beneficios económicos para allegados del ex presidente, en particular para Martínez Sosa, un empresario cercano que supo capitalizar su relación con Fernández.

Los números hablan por sí solos: entre 2019 y 2023, Martínez Sosa y sus “satélites” se embolsaron 2.297.820.134 de pesos, equivalente al 60 por ciento de las comisiones pagadas en ese período.

En total, su empresa acumuló 366.635.744 de pesos en contratos con 19 organismos públicos, incluyendo ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda y hasta la Corte Suprema.

En total, su empresa acumuló 366.635.744 de pesos en contratos con 19 organismos públicos, incluyendo ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda y hasta la Corte Suprema.

El fallo de Casanello es contundente al señalar la “confusión de intereses” generada por el rol de María Cantero en la Casa Rosada.

Su designación como secretaria de Fernández, con acceso directo a su agenda y decisiones, creó un “riesgo objetivo” que nunca fue mitigado.

Cantero, pareja de Martínez Sosa, actuó como un puente para facilitar los negocios de su esposo, quien, según chats filtrados, visitaba a Fernández en la quinta de Olivos sin dejar registros y utilizaba su influencia para abrir puertas en organismos públicos.

La causa Seguros no es un caso aislado, sino un reflejo de las prácticas que marcaron el gobierno de Fernández, donde los intereses personales de un círculo íntimo parecen haber primado sobre el bien público.

Este escándalo refuerza la percepción de un Gobierno que fracasó luego de haber dicho que «iban a volver mejores».

Fernández, quien alguna vez se presentó como un hombre de la ética pública, queda ahora expuesto como protagonista de un entramado que benefició a sus allegados a costa del erario público.