Gobierno criminal la salud detonada: Caso fentanilo contaminado denuncian al ministro de Salud Mario Lugones por 97 muertes evitables

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) lanzó una grave denuncia contra el ministro de Salud, Mario Lugones, a quien responsabilizó por 157 fallecimientos que, según la organización gremial, podrían haberse evitado. La acusación incluye 97 muertes vinculadas al consumo de fentanilo contaminado y otras 60 relacionadas con la demora en la entrega de medicamentos oncológicos esenciales.

En un comunicado de prensa difundido este viernes 15 de agosto, Fesprosa calificó la crisis del fentanilo contaminado como «la más grave relacionada con medicamentos en la historia argentina» y exigió la renuncia inmediata del funcionario. «El ministro es responsable directo de estas 157 muertes evitables», subrayaron.

La tragedia del fentanilo contaminado dejó un saldo devastador de casi un centenar de víctimas. Los denunciantes hacen hincapié en que el Estado comandado por Javier Milei no asume responsabilidades claras ni ofrece respuestas contundentes frente a esta emergencia sanitaria. De hecho, Lugones ni siquiera emitió declaraciones públicas sobre el caso, lo que para Fesprosa constituye una muestra de negligencia y falta de compromiso con las víctimas y sus familias.

En el centro del escándalo aparece el nombre de Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio HLB Pharma Group, señalado como responsable de la producción del fentanilo contaminado. Furfaro cuenta con antecedentes penales que incluyen una condena por intento de homicidio, tras la cual estuvo preso durante dos años y siete meses en la Unidad 9 de La Plata. Según el comunicado, también enfrenta denuncias laborales por incumplir normas de bioseguridad y fabricación.

«También aparece en escena un empresario inescrupuloso, con antecedentes penales y  múltiples testimonios de sus trabajadores de la violación sistemática de todas las normas de fabricación y bioseguridad. Todo esto llevó a 24 imputados, pero ningún detenido. Los familiares de las víctimas ruegan una reparación, sin que ningún funcionario gubernamental los escuche», denunció Fesprosa.

Muertes por falta de medicamentos oncológicos

A las víctimas del fentanilo contaminado se suman otras 60 personas que fallecieron debido a la demora en la provisión de medicamentos oncológicos de alto costo. Este problema se originó tras la disolución, el pasado 31 de diciembre, de la Dirección de Ayudas Especiales (DADSE), organismo encargado de gestionar la entrega de estos fármacos.

Fesprosa recordó que en 2024 acompañó judicialmente el reclamo de pacientes oncológicos que enfrentaban serias dificultades para acceder a sus tratamientos: «Lugones ha acumulado destrucción y muerte, sin que se le mueva un pelo. Debe dar un paso al costado de manera inmediata. La justicia debe perseguir a los empresarios inescrupulosos que hoy siguen gozando de libertad, como si nada hubiera pasado», expresaron los médicos.

La denuncia contra Lugones no se detiene allí. El comunicado también incluye críticas hacia Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, por su rol en decisiones que afectaron gravemente el funcionamiento de hospitales públicos como el Posadas, Sommer y Bonaparte. Según Fesprosa, los recortes presupuestarios y de personal han generado una crisis estructural en el sistema sanitario que pone en riesgo la atención médica en centros clave como el hospital pediátrico Garrahan.

Ante la magnitud de los hechos, Fesprosa exigió la conformación de una comisión parlamentaria especial con amplias facultades para investigar las responsabilidades políticas y penales en ambos episodios. El Congreso dio un primer paso al aprobar un pedido de informes sobre el caso, pero los impulsores del reclamo consideran que esto es insuficiente para esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.  El comunicado también mencionó al exministro de Salud Mario Russo como parte del entramado que debe ser investigado, además de Lugones y Pettovello.