Los socios corruptos y malandras del expresidente mas nefasto: Citan a indagatoria al hombre de confianza de Alberto Fernandez en la causa por los seguros del Estado

El 18 de noviembre, Daniel Rodríguez, más conocido en la Casa Rosada como “El Gordo”, deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py para declarar ante el juez Sebastián Casanello. Rodríguez, exintendente de la quinta presidencial de Olivos entre 2019 y 2023, fue uno de los hombres de mayor confianza de Alberto Fernández y ahora quedó formalmente citado a indagatoria en la causa conocida como “Seguros del Estado”.

El magistrado ya había ordenado investigar su patrimonio, pero ahora avanzó con una nueva etapa del expediente y puso fecha a su declaración. Además de Rodríguez, también fueron citadas varias empresas vinculadas a la trama de intermediación con Nación Seguros, entre ellas Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, Bri Brokers, Levelar, TG Broker, San Cristóbal, San Germán Seguros, Bachellier SA y San Ignacio, que deberán comparecer entre el 12 y el 18 de noviembre.

Rodríguez no era un desconocido en el entorno presidencial. Conoció a Fernández en los tiempos en que el dirigente era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Retirado de la Policía Federal, por la rama de Bomberos, primero integró su custodia y luego pasó a manejar asuntos personales del expresidente, en una suerte de rol de cadete todo terreno.

Durante la campaña de 2019, cuando Fernández fue ungido como candidato presidencial, El Gordo volvió a subirse al auto: trabajó como chofer y lo acompañó en sus recorridas por todo el país. Tras el triunfo electoral, fue designado como “intendente” de Olivos, con la tarea de ocuparse de todos los detalles de la residencia oficial.

Rodríguez ya había tenido que pasar por tribunales. En su momento declaró como testigo en la causa por violencia de género que impulsó Fabiola Yañez, aunque en esa ocasión intentó desentenderse de la situación y aseguró no haber presenciado agresiones. Ahora, su rol cambió: Casanello lo citó como imputado en una causa que lo vincula directamente con Martínez Sosa, el empresario que monopolizó los contratos de seguros con el Estado.

Cuando Rodríguez estaba al frente de la quinta de Olivos, Martínez Sosa era un visitante frecuente. Según la investigación, el broker era recibido en su despacho, y en los teléfonos de María Cantero, pareja del empresario, se hallaron múltiples selfies tomadas dentro de la residencia. Entre ellas, una imagen donde se ve a Fernández y a Martínez Sosa conversando en uno de los despachos oficiales.

El juez ya había ordenado un informe patrimonial sobre Rodríguez, luego de que se comprobara que el empresario le prestaba una casa ubicada a metros del shopping Unicenter, donde solía descansar mientras ejercía su cargo. Esa vivienda fue allanada el año pasado, y durante el operativo se secuestró el teléfono del ex policía, clave en la pesquisa.

Entre las empresas bajo la lupa, Bachellier SA, ligada a Martínez Sosa, encabezó el ranking de comisiones cobradas por contratos con el Estado. Según una auditoría de Nación Seguros, percibió $1.665 millones, gran parte provenientes de un acuerdo con la Gendarmería Nacional. El año de mayores ingresos fue 2022, cuando facturó más de $700 millones, luego del decreto de Alberto Fernández que puso fin al sistema de coaseguro y concentró el negocio en Nación Seguros.

Por su parte, San Ignacio y TG Broker fueron denunciadas por el Gobierno al inicio de la investigación, acusadas de haber sido beneficiadas en los contratos vinculados a créditos para jubilados.

Mientras avanza esta nueva ronda de declaraciones, Casanello también dispuso nuevas medidas de prueba y sumó documentación al expediente. En paralelo, rechazó el pedido de la Fundación Apolo para participar como querellante.

El desarrollo del caso quedó ahora en manos de la Sala II de la Cámara Federal, que deberá resolver la situación procesal de más de treinta imputados. En esa instancia, el fiscal José Agüero Iturbe pidió que se revoque el procesamiento de Alberto Fernández, imputado por el decreto 823/21 y por la designación de María Cantero como su secretaria privada.

También apeló la defensa de Martínez Sosa, quien entre 2019 y 2023 acumuló contratos con 19 organismos públicos y cobró $366.635.744 en comisiones. En esa lista aparecen cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo Nacional de las Artes y hasta la Corte Suprema de Justicia.