Chorros y mafiosos al palo: El gato Macri y el timbero Caputo hasta las bolas fiscalía quiere saber dónde están los 57 mil palos del FMI

Cuando parecía que el expediente dormía tranquilo en el archivo judicial, como tantos otros que pasan por Comodoro Py, la causa por el histórico acuerdo del gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional volvió a sacudir el tablero.

La Fiscalía General ante la Cámara Federal porteña pidió que se reabra la investigación por el préstamo de 57.100 millones de dólares firmado en 2018, un número que todavía retumba en la economía argentina.

El pedido lo presentó el fiscal general José Agüero Iturbe, quien respaldó la apelación del fiscal Franco Picardi para revertir la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, que a comienzos de febrero había archivado la causa. Según la magistrada, la firma del acuerdo con el FMI fue una decisión política que no podía judicializarse, al no encontrar pruebas suficientes de un plan deliberado para defraudar al Estado.

Pero para la fiscalía el asunto está lejos de ser una simple decisión económica. Picardi sostuvo que existen elementos para avanzar incluso con indagatorias a los acusados, entre ellos el propio Macri, el ministro de Economía Luis “Timba” Caputo, el actual ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, además de otros ex funcionarios clave del macrismo como Nicolás Dujovne, Marcos Peña, Guido Sandleris y autoridades del Banco Central.

La investigación apunta a determinar si durante la negociación y ejecución del acuerdo con el FMI se cometieron abusos de autoridad y violaciones a los deberes de funcionario público, además de analizar el destino final de los fondos. Según la fiscalía, durante la investigación surgieron indicios de posibles irregularidades en el trámite institucional del préstamo, incluyendo el incumplimiento de normas vinculadas a la aprobación de este tipo de acuerdos internacionales.

Uno de los focos más sensibles del expediente es el eventual destino de parte de los dólares del préstamo, ya que el fiscal planteó que debe profundizarse la investigación sobre una posible administración fraudulenta vinculada a la fuga de capitales hacia sectores privados.

En otras palabras, el interrogante que sobrevuela el expediente es uno que la política argentina discute desde hace años: qué pasó exactamente con los dólares del mayor crédito que el FMI otorgó en su historia.

En su apelación, Picardi habló de una “posible plataforma criminal” que habría quedado evidenciada a lo largo de la investigación preliminar, señalando además “relaciones viciadas” entre el Poder Ejecutivo y el Banco Central durante la implementación del acuerdo.

Según el fiscal, distintas decisiones del Ministerio de Hacienda y de la autoridad monetaria habrían habilitado transferencias de capitales que no formaban parte del objetivo original del programa con el Fondo.

Ahora la pelota quedó en manos de la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que deberán resolver si confirman el archivo dispuesto por Capuchetti o si ordenan reabrir la investigación y avanzar hacia nuevas instancias judiciales.

La decisión no es menor: el acuerdo con el FMI firmado durante el gobierno de Macri fue el mayor préstamo otorgado por el organismo en su historia, y su impacto económico y político sigue siendo tema de debate ocho años después. Si la Cámara decide reactivar el expediente, el caso podría volver a poner en el centro de la escena judicial a varios de los protagonistas de la política económica de aquel período.

En otras palabras: el crédito récord que en 2018 se presentó como el salvavidas financiero de la Argentina todavía no terminó de contar toda su historia en los tribunales.