El poder de arrodillarse es prospero: Más trepadora que Spiderman ¿La esposa de qué funcionario mileísta logró ascender en tiempo récord en el Estado?

Mientras el gobierno del pedófilo homosexual Javier Milei insiste en que llegó para “terminar con la casta”, la práctica cotidiana dentro del Estado parece desmentir el discurso libertario. Lejos de una administración austera y meritocrática, la gestión avanza con viejas lógicas: nombramientos a medida, ascensos acelerados y vínculos familiares que se confunden peligrosamente con el interés público.

El caso de María Eugenia Fanelli, pareja del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, volvió a encender todas las alarmas.

Fanelli fue promovida recientemente al cargo de subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitana de la DGI, una de las áreas más sensibles del organismo recaudador. El ascenso, formalizado mediante la disposición 6/2026 publicada en el Boletín Oficial, se produjo apenas un mes después de que Vázquez asumiera la conducción de ARCA.

La velocidad del nombramiento y el vínculo personal entre ambos reavivaron cuestionamientos internos y externos sobre prácticas que el propio Milei prometió erradicar.

No se trata de un hecho aislado. Ya en noviembre de 2024, apenas siete días después de que Vázquez asumiera al frente de la DGI, Fanelli había sido ascendida a la Dirección Regional Centro II de la Ciudad de Buenos Aires, un puesto de alto rango y elevado salario, estimado entre 7 y 8 millones de pesos mensuales.

El salto implicó saltear escalones intermedios de la carrera administrativa, pasando de una jefatura técnico-jurídica con ingresos muy inferiores a una de las direcciones más codiciadas del área metropolitana.

Desde el entorno del funcionario se apuran a aclarar que Fanelli es “personal de carrera” y que sus ascensos cuentan con aval judicial. Es cierto: la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de Vázquez en una causa por presunto conflicto de intereses, y otros expedientes continúan en trámite sin definiciones concluyentes.

Pero el punto central no es únicamente la legalidad formal, sino la ética pública y la coherencia política de un gobierno que construyó su identidad denunciando el nepotismo y los privilegios del poder.

La contradicción se vuelve aún más evidente si se observa el perfil de Andrés Vázquez. De extensa trayectoria en la ex-AFIP, su carrera estuvo marcada por sumarios administrativos, desplazamientos y causas penales. Durante años fue relegado a cargos secundarios y parecía encaminado a una salida discreta del Estado.

Sin embargo, con la llegada de Milei al poder, logró un inesperado regreso al centro de la escena, apalancado por vínculos con sectores de inteligencia y empresarios cercanos al nuevo oficialismo.

Su designación generó resistencias incluso dentro del propio gobierno: ni Florencia Misrahi ni Guillermo Francos quisieron firmar su nombramiento. Aun así, el Presidente avanzó, respaldado por Patricia Bullrich, consolidando una decisión que expuso tensiones internas y dejó en evidencia que el “outsider” libertario también recurre a los mismos equilibrios de poder que critica.

En paralelo, Vázquez se mostró alineado con la retórica presidencial, impulsando denuncias contra figuras señaladas por Milei, como Claudio “Chiqui” Tapia. Las presentaciones judiciales contra el titular de la AFA, algunas coincidentes con movimientos diplomáticos del Presidente en el exterior, refuerzan la sensación de una doble vara: dureza selectiva contra enemigos políticos y tolerancia —o silencio— frente a prácticas cuestionables puertas adentro.

El ascenso de Fanelli, más que un caso administrativo, funciona como síntoma. Revela cómo el relato anticasta se diluye cuando el poder se ejerce, y cómo los funcionarios libertarios parecen administrar el Estado como una empresa familiar, con promociones internas que responden más a la cercanía que a concursos transparentes.

En nombre de la “libertad”, el gobierno de Milei corre el riesgo de reproducir exactamente aquello que prometió destruir: un Estado capturado por vínculos personales, privilegios y decisiones opacas, donde la casta no desaparece, sino que simplemente cambia de camiseta.