Gobierno de cipayos y corruptos: Excombatientes intimaron a Quirno por carta documento y le dieron 72 horas para frenar la ruta marítima entre Chile y Malvinas

El Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM) le envió este miércoles una carta documento al canciller Pablo Quirno y lo intimó a actuar en un plazo de 72 horas frente al anuncio de la apertura de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas, Chile, y Puerto Argentino en las Islas Malvinas.

La medida, impulsada por el municipio de Punta Arenas y la naviera chilena Easter Island, tiene su primer viaje previsto para noviembre.

En la carta documento, los excombatientes le exigen a Quirno que cumpla con el Decreto 868/2026, que el propio gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el 4 de septiembre y que designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659.

La normativa, conocida como «Ley Pino Solanas», establece sanciones para las actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.

Excombatientes de Malvinas le pusieron un ultimátum a Quirno: 72 horas para frenar la ruta marítima con Chile

Para el CECIM, la nueva ruta no es un simple corredor comercial, sino «el cordón umbilical logístico del proyecto Sea Lion, esto es, del abastecimiento material de la usurpación y del saqueo de los hidrocarburos que yacen bajo la plataforma continental argentina».

Los veteranos reclaman que Quirno instruya a la Embajada argentina en Chile para que presente una protesta formal ante el gobierno de ese país y que, al mismo tiempo, realice una manifestación diplomática ante el Reino Unido.

También exigen que se inicien procedimientos sancionatorios contra Easter Island Naviera, Easter Island Logistics, la Falkland Islands Development Corporation y otros actores vinculados a la operación.

La carta documento también pide que se impida a los puertos argentinos prestar servicios a la cadena logística del proyecto y que se informe a los reguladores bursátiles sobre los riesgos legales de las empresas involucradas.

El CECIM sostiene que la aplicación de estas normas constituye «una obligación y no una facultad discrecional del canciller».

La intimación llega en un contexto donde el vocero presidencial, Adrián Ravier, había declarado que el gobierno no tenía conocimiento de la nueva ruta marítima, una confesión que expone la descoordinación de la Casa Rosada frente a una medida que compromete la soberanía nacional.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, estimó que el mercado de las islas mueve unos 20 millones de dólares al año y que las restricciones anteriores le costaron a la región de Magallanes unos 300 millones de dólares.

Para los excombatientes, sin embargo, el problema no es económico: es político y estratégico. La nueva ruta, advierten, profundiza la ocupación británica y habilita la explotación de los recursos naturales argentinos en Malvinas sin que el gobierno de Milei haga nada para frenarlo.