Gobierno de corruptos y coimeros: ¡Qué puto este Caputo! «Toto» se queda con la lapicera del gas y te empoma con tarifas más caras

El Gobierno nacional oficializó un cambio clave en la política tarifaria que concentra aún más poder en el Ministerio de Economía. A través del Decreto 266/2026, publicado en el Boletín Oficial, la administración del presidemente Javier Milei delegó en la cartera que conduce Luis Caputo la facultad de modificar el nivel de recargo aplicado a las tarifas de gas en todo el país.

La medida habilita a Economía a aumentar o disminuir estos cargos hasta un 50 por ciento, lo que en la práctica le otorga margen para encarecer aún más las boletas que pagan los usuarios. Hasta ahora, esa atribución estaba en manos del Presidente.

Con este cambio, el equipo económico gana control directo sobre un componente clave del sistema tarifario, ya que el recargo se utiliza para financiar subsidios residenciales a través del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley 25.565.

Actualmente, ese adicional alcanza hasta el 7,5 por ciento del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte. Sin embargo, con la nueva normativa, podría escalar hasta el 11,25 por ciento si se aplica el incremento máximo permitido.

Desde el Ejecutivo justificaron la decisión al señalar que responde a “razones operativas” y a la necesidad de mejorar la administración para cumplir con los objetivos fiscales. También remarcaron que el mecanismo resulta “impostergable” para la gestión.

El recargo impacta sobre la totalidad del gas consumido o comercializado por redes en el país, sin distinción de uso, y constituye un ingreso que debe ser declarado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que depende del propio Ministerio de Economía.

Además de financiar subsidios, estos fondos sostienen el régimen de Zona Fría, que otorga descuentos en las tarifas a usuarios de regiones con bajas temperaturas, como la Patagonia, Malargüe y otras áreas incorporadas por la ampliación de la Ley 27.637.

Con esta decisión, el Gobierno no solo redefine el esquema de administración del sistema, sino que deja en manos de Economía una herramienta sensible que puede impactar de lleno en el bolsillo de millones de argentinos.