Los chorros más grande de la historia del país: El oro que desapareció Caputo y Milei sacaron USD 5.000 millones del Banco Central sin contratos

El Banco Central reconoció oficialmente que no existen contratos que respalden el envío de lingotes de oro al exterior durante 2024. La admisión, realizada ante la Auditoría General de la Nación (AGN), deja expuesta una operatoria por casi USD 5.000 millones sin respaldo documental y abre un flanco judicial que compromete de manera directa a las autoridades monetarias y al ministro de Economía, Luis Caputo.

La respuesta del BCRA fue tan escueta como explosiva: “Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen”. No se trata de un tecnicismo administrativo ni de una formalidad pendiente. La inexistencia de contratos implica que uno de los activos estratégicos del país fue movilizado fuera de la Argentina sin marco legal conocido, sin auditoría posible y sin trazabilidad pública.

La historia no comenzó ahora. En julio del año pasado, en plena crisis cambiaria, se conoció que el Banco Central había trasladado parte de las reservas de oro al exterior en un operativo reservado. Según reconstrucciones posteriores, los lingotes fueron cargados en un avión comercial durante la madrugada, sin comunicaciones oficiales, sin actas de Directorio públicas y sin dejar rastro documental verificable. Desde entonces, el silencio fue la única respuesta.

Ahora, ese silencio quedó plasmado por escrito. El propio Central admitió ante la AGN que durante todo 2024 no elaboró contratos, ni informes jurídicos, ni documentación de respaldo porque, sencillamente, “no hay contratos”. La confesión desarma cualquier intento de control posterior: sin papeles, no hay auditoría; sin auditoría, no hay control; sin control, la responsabilidad deja de ser institucional y pasa a ser personal.

El punto es central porque los funcionarios del Banco Central no administran bienes propios. Custodian activos públicos. Y cuando un activo de casi USD 5.000 millones pierde trazabilidad, la irregularidad deja de ser una falla administrativa para convertirse en una presunción penal. No hay margen para la ingenuidad contable ni para el “después lo ordenamos”.

La gravedad del episodio empujó el caso al plano judicial. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al BCRA entregar información precisa sobre el destino del oro y fue explícita en su reproche al Gobierno. Señaló que las excepciones al acceso a la información pública no pueden depender de una decisión unilateral del funcionario obligado y que, si el Estado invoca confidencialidad, debe demostrar un daño concreto. No alcanza con riesgos genéricos ni con el argumento del secreto.

El fallo también dejó en evidencia una contradicción incómoda: parte de la información reclamada ya circuló por medios de comunicación. Por lo tanto, brindar datos básicos (volumen, destino, modalidad de transporte, seguros y funcionarios intervinientes) no debería representar ningún riesgo institucional. Aun así, el Ministerio de Economía y el BCRA eligieron el ocultamiento.

El antecedente político es clave. En junio de 2024, el gremio La Bancaria, conducido por el diputado nacional Sergio Palazzo, denunció públicamente que el Central estaba sacando lingotes de oro del país sin decisión oficial conocida. El sindicato presentó pedidos de informes para saber si existieron envíos el 7 y el 28 de junio, presuntamente realizados a través de la transportadora Loomis y la aerolínea British Airways. La sospecha era concreta: unos USD 450 millones en dos operaciones.

La Bancaria también exigió saber en qué reunión de Directorio se trató el tema, qué funcionarios intervinieron y si el movimiento formaba parte de un plan del Ministerio de Economía. Nunca hubo respuestas claras. El silencio oficial alimentó una hipótesis que todavía sobrevuela el expediente: que el oro haya sido utilizado como garantía para conseguir dólares frescos en el exterior, posiblemente a través del Banco de Basilea.

El contexto vuelve todo más sensible. El oro cotiza cerca de los USD 4.400 la onza, un récord histórico que funciona como salvavidas contable para un Banco Central con reservas líquidas hundidas. Según estimaciones privadas, las reservas netas reales rondarían los USD 18.000 millones negativos. Sin el efecto precio del oro, el rojo sería todavía más profundo.

Carlos Rodríguez, uno de los arquitectos del programa económico de Javier Milei durante la campaña, calificó el episodio como “simplemente insólito”. Advirtió que el oro podría haber sido utilizado como colateral de un crédito en dólares y reclamó conocer la ubicación de todos los activos y pasivos del Central. Fue más allá: pidió también saber dónde están los billetes dólar de los encajes bancarios y reclamó la publicación de la serie semanal de reservas netas según la metodología del FMI.

Las sospechas no terminan ahí. En el mercado circula la versión de que el pago del vencimiento de USD 1.000 millones de Bopreal se habría hecho con depósitos del sistema. Con reservas en rojo y sin dólares líquidos disponibles, la única ventanilla utilizable serían los encajes bancarios. El resto (swap con China y crédito del Fondo) no se puede tocar.

Mientras tanto, el oro sigue desaparecido de los papeles oficiales. Sin contratos. Sin informes jurídicos. Sin explicaciones públicas. Y ahora, con la Justicia tocando la puerta. El operativo que comenzó en la oscuridad de la madrugada terminó iluminando una pregunta incómoda para Caputo y Bausili: ¿dónde está el oro del Banco Central?