Se le viene la noche al chorro y corrupto del ministro: Denunciaron penalmente a Caputo por las irregularidades en el INDEC

Los diputados nacionales Julia Strada y Paula Penacca, junto al jefe del bloque Germán Martínez, integrantes de Unión por la Patria (UP), presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, por presuntas irregularidades vinculadas al funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La presentación judicial invoca los delitos de violación de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (artículo 157), falsificación de documentos públicos (artículo 293) y la presunta infracción al artículo 17 de la ley 17.622, que regula el secreto estadístico.

Según detallaron los legisladores, el ministro habría dispuesto mantener el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con componentes desactualizados. Indicaron que en octubre de 2025 el INDEC había resuelto aplicar una nueva metodología a partir de enero de 2026, pero que esa modificación fue postergada.

De acuerdo a lo señalado en la denuncia, Caputo declaró públicamente que la decisión de demorar el nuevo índice tenía como objetivo esperar la finalización de la recomposición tarifaria, por su impacto en los precios al consumidor. Para los diputados, esa determinación constituye un acto contrario a la ley 17.622 que regula el funcionamiento del organismo estadístico y del sistema estadístico nacional.

La legisladora opositora remarcó que “el IPC constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico nacional, dado que impacta directamente en negociaciones salariales, actualización de jubilaciones, determinación de contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas, decisiones financieras, política monetaria y credibilidad macroeconómica del Estado argentino”. 

“Precisamente por dicha centralidad, el ordenamiento jurídico argentino ha establecido un sistema normativo orientado a garantizar la independencia técnica del organismo estadístico, prohibiendo cualquier interferencia política en la producción, validación y difusión de datos oficiales”, dijo y agregó: “Tenemos la responsabilidad de velar por ese cumplimiento”.