Se armó la gorda: El Gobierno negó las acusaciones de la extorsionadora de Lilita Carrió de pactar con los kukas por la AFA

Elisa Carrió volvió a cargar contra el Gobierno al denunciar la existencia de un presunto acuerdo con los principales dirigentes de la AFA para desplazar la causa por la mansión de Pilar del juzgado de Marcelo Aguinsky y, al mismo tiempo, evitar que la Inspección General de Justicia designe un veedor en la entidad que conduce el fútbol argentino.

Según la líder de la Coalición Cívica, hay “un pacto” político que involucra al oficialismo y a Sergio Massa, y advirtió que, de ese modo, “la corrupción queda en manos de las mafias”. Además, sostuvo que su espacio quedó prácticamente solo en la denuncia, acompañado apenas por algunos periodistas de investigación.

A las acusaciones se sumó el legislador porteño Facundo Del Gaiso, uno de los denunciantes en la causa, quien apuntó directamente contra la Inspección General de Justicia por dejar de lado “8 años de irregularidades por 450 millones de dólares” en los balances de la AFA. “No hay veedor, no hay auditoría, es un proceso de impunidad”, afirmó.

Del Gaiso también reclamó la renuncia del titular de la Sindicatura General de la Nación, Alejandro Fabián Díez, ya que al mismo tiempo preside la Comisión Fiscalizadora de la AFA, organismo encargado de emitir informes financieros y dictaminar sobre la administración de los fondos, además de cuestiones económicas y legales.

El legislador sostuvo que Díez “fue puesto en ese lugar por Toviggino” y pidió que el Gobierno le exija la renuncia o que se presente ante la Justicia para explicar lo que sabe sobre presuntas irregularidades vinculadas a Tourprodenter y empresas fantasma en Estados Unidos.

El planteo se da en un contexto clave, ya que venció el plazo para que la AFA presentara sus balances, algo que la entidad concretó la semana pasada. Ahora, el titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo, debe resolver si corresponde designar un veedor u ordenar otra medida. Desde el organismo estiman que el análisis de la documentación podría demorar entre 1 y 2 semanas.

Desde el Ministerio de Justicia, que encabeza Mariano Cúneo Libarona, se difundió un comunicado en el que se negó que la Inspección General de Justicia haya destrabado o avalado irregularidades relacionadas con la AFA y la Superliga.

También se afirmó que no se aprobó el cambio de sede desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia Pilar y que se denunció la supuesta ilegalidad del traslado a un inmueble baldío.

El organismo de control aseguró además que no aprobó los estados contables de la AFA correspondientes a los ejercicios 2017 a 2024, ni los de la Superliga entre 2020 y 2024, y aclaró que no se encuentra habilitado para realizar auditorías directas.

En ese marco, sostuvo que no corresponde designar veedores mientras se analizan las declaraciones de los auditores y las respuestas de las entidades, en nombre del respeto al debido proceso.

Mientras tanto, desde la oposición insisten en que la falta de medidas inmediatas consolida un escenario de protección política y demora deliberada en el control de una de las instituciones más poderosas del deporte argentino.