Delincuentes del estado corrupción masista: Interna feroz en Transporte guerra por fondos, viáticos recortados y una gestión desbordada

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires es un hervidero. La salida de Jorge D’Onofrio dejó un vacío que no tardó en llenarse de disputas feroces entre facciones que buscan quedarse con el control del área. Según información que circula en los pasillos del ministerio, la pulseada de poder se volvió más intensa en las últimas semanas, con presiones de intendentes, recortes de fondos y maniobras que buscan dejar expuestos a funcionarios clave.

El epicentro del conflicto es el manejo de los proveedores. Mientras los intendentes piden ordenar el esquema y despejarse de empresarios salpicados por causas judiciales, en la cartera que conduce Martín Marinucci las tensiones se multiplican. La situación es tal que varios jefes comunales hacen fila en el juzgado de Cullotta para despegarse de los vínculos con Leandro Camani, el hombre detrás de Secutrans y Tránsito Seguro, señalado en múltiples allanamientos y con denuncias que lo vinculan a la adulteración de formularios para desviar fondos a una fundación universitaria.

Pero el fuego interno no es solo por las fotomultas. Según trascendidos desde el ministerio, también hay una guerra por los fondos del fideicomiso de Alcohol 0 y los contratos con universidades, donde se enfrentan distintos sectores del oficialismo. El choque de fuerzas pone en veredas opuestas a dirigentes alineados con Malena Galmarini y otros con Axel Kicillof, generando un escenario de fractura interna con impacto en el Gabinete provincial.

A esto se suma otro escándalo que golpea de lleno al propio Marinucci: el recorte de viáticos a los trabajadores de Seguridad Vial, que pasaron a cobrar un 80% menos, mientras que la diferencia se la quedaron cargos jerárquicos del área. La movida generó un fuerte malestar interno y alimentó versiones de que el ajuste busca garantizar recursos para sostener la estructura política del ministerio en medio de la disputa por el control de los fondos.

En medio de esta interna feroz, las alertas de gobernación se encendieron también por el manejo de la Justicia Provincial en materia de infracciones de tránsito. Aducen que desde que se eliminó el esquema de interjurisdicción, todo quedó en manos exclusivas del Director Provincial de Política y Seguridad Vial, quien autoriza únicamente a un círculo de jueces amigos, obligando al resto de los infractores a recorrer la provincia para resolver sus multas.

Este esquema beneficia directamente a los municipios que manejan los juzgados de faltas como un festín de absoluciones sin contralor alguno. En lugar de un sistema ordenado y con supervisión de la Provincia, la autoridad de aplicación perdió todo control y, en los hechos, se cedió el poder a los distritos donde operan los empresarios cuestionados, sin que nadie desde Transporte o la Justicia bonaerense puedan ponerle freno.