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El legislador planteó ejecutar políticas alimentarias de inmediato por la situación crítica que atraviesa la provincia. Según trascendió, el proyecto no habría sido consultado con Gobernación y en el oficialismo deslizan que responde a La Cámpora.

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El senador provincial Mario Ishii presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires. La propuesta apunta a responder a la crisis y propone redirigir recursos hacia políticas sociales. En ese marco, le pidió al gobernador Axel Kicillof que priorice el gasto social y reasigne partidas.

Ishii sostuvo: “En situaciones de emergencia, la asignación presupuestaria no puede permanecer ajena a la realidad: garantizar el acceso a la alimentación debe prevalecer por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes para la vida cotidiana de la población”.

También planteó que la readecuación del presupuesto implica mover fondos desde áreas no prioritarias hacia la asistencia alimentaria directa.

Además, agregó: “Esta decisión no solo responde a un criterio de racionalidad económica, sino a un mandato ético y constitucional: en un contexto donde amplios sectores de la población no logran cubrir sus necesidades básicas, ningún recurso público puede ser asignado sin considerar su impacto social inmediato”.

En ese contexto, señaló que el impacto se da con más fuerza en chicos, personas mayores, trabajadores informales y sectores medios que se empobrecen, y marcó problemas de acceso a la alimentación.

El proyecto declara la emergencia alimentaria y designa al Poder Ejecutivo como autoridad de aplicación.

En el oficialismo bonaerense, la iniciativa generó ruido. Según trascendidos, dentro del peronismo algunos sectores sostienen que el proyecto habría sido redactado por La Cámpora y cuestionan que no mencione al gobierno nacional. En el Ejecutivo provincial, en tanto, dejan trascender que la propuesta no fue consultada.

En paralelo, el ministro de Desarrollo, Andres Larroque, presentó un reclamo formal ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación para exigir el pago de una deuda acumulada por el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y solicitar financiamiento para el programa MESA.

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