Se da en el marco de una causa penal en la que se investigan presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, vinculados al no pago del impuesto a las ganancias sobre sus remuneraciones durante más de 20 años.
Irregularidades al palo
El zorro cuidando el gallinero las mafias se pelean por la caja: Avanza la investigación de la justicia federal mafiosa contra el Tribunal de Cuentas de Tucumán
La justicia federal investiga a las máximas autoridades del Tribunal de Cuentas de Tucumán por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, en un expediente vinculado al no pago del Impuesto a las Ganancias sobre sus remuneraciones durante años.
La causa se inició a partir de una denuncia realizada por el periodista mendocino Christian Eduardo Sanz, que sostiene que los funcionarios del organismo de control se habrían amparado en un acuerdo interno dictado en 1997 para eludir una obligación tributaria establecida de manera expresa por la legislación nacional.
La denuncia refiere a la presunta comisión de un delito sostenido en el tiempo, durante más de dos décadas, mientras las autoridades del Tribunal de Cuentas cumplían sus funciones y ejercían su rol de contralor sobre otros organismos del Estado.
Los mencionados son el presidente Miguel Chaibén Terraf, el vocal abogado Sergio Miguel Díaz Ricci y el vocal contador Marcelo Vidal.
Los movimientos judiciales
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires declinó la competencia territorial y remitió el expediente a la Justicia Federal de Tucumán, al concluir que los hechos investigados —percepción de haberes, domicilios fiscales y eventual perjuicio al erario— se habrían producido íntegramente en la provincia.
La decisión no archiva la denuncia sino que ratifica la existencia de la investigación penal en curso y determina que sea un juzgado federal tucumano el que profundice el análisis de las conductas atribuidas a las autoridades del organismo.
El expediente judicial coloca al Tribunal de Cuentas en un lugar inédito, ya que deberán ser investigados sus integrantes. Desde los tribunales consideraron que se encuentra en juego la legitimidad del sistema de control.
Según los detalles de la denuncia, los funcionarios se habrían amparado durante años en el Acuerdo interno N.º 1171/97 para no tributar el Impuesto a las Ganancias sobre sus remuneraciones, pese a que la legislación nacional no contempla excepciones para esos cargos. En función de esos hechos, la justicia federal ya investiga la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y evasión fiscal.
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