El loco motosierra de Milei vacía el país por dentro: cierra la Administración General de Puertos y la Hidrovía del Paraná

La segunda empresa estatal cerrada por la actual administración en apenas unos meses. A través de un decreto que será publicado en el Boletín Oficial, se liquidará esta sociedad estatal encargada de la administración del puerto de Buenos Aires y de la hidrovía del río Paraná, una arteria clave para el comercio exterior argentino, por donde transita el 80 por ciento de las exportaciones del país.

El argumento del gobierno es la «superposición de funciones» entre la AGP y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, la cual también será eliminada. Como sustituto, se creará la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), un organismo que, aunque se presenta como una mejora administrativa, dependerá del Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo, lo que deja claro que la gestión se concentrará aún más en la centralización y el control privado.

Este cierre no solo se da en un contexto económico complejo, sino también en medio de una licitación para el dragado de la hidrovía, un negocio de 9.000 millones de dólares que está generando una feroz competencia entre empresas internacionales. Mientras tanto, la resolución que regula el proceso de licitación impide la participación de empresas controladas por estados soberanos, excluyendo de esta forma a Shanghai Dredging Co, una filial china que podría haber sido una competidora clave para la modernización de esta vital vía navegable. Sin embargo, la jugada de Milei parece estar alineada con los intereses de las grandes corporaciones europeas, dejando fuera a jugadores de peso como la gigante china CCCC.

Con esta medida, que también se suma al cierre de Trenes Argentinos Capital Humano en octubre, se deja claro que el Gobierno de Milei no solo está dispuesto a recortar todo lo que huela a «función estatal», sino que además pone en peligro la administración eficiente y soberana de uno de los activos más importantes de la Argentina. Mientras las compañías europeas, como Jan de Nul y Boskalis, se posicionan para obtener el control de la hidrovía, los ciudadanos se preguntan, ¿qué queda de la soberanía económica cuando todo lo que importa se subasta al mejor postor?

En el horizonte, la promesa de «achicar el Estado» sigue su curso, pero con cada recorte y cierre se aleja más la posibilidad de un país que controle sus propios recursos, mientras las empresas multinacionales se frotan las manos ante lo que parece ser un negocio millonario, cortesía del vacío que deja el gobierno de Milei.