Los sindigarcas Anti laburantes: La CGT entregó el OGT los «Gordos» se cagan en los trabajadores y se reúnen con el FMI por la reforma laboral

Esta semana, la CGT kuka se despojó de todo intento de mostrar una faceta combativa contra el avance del Gobierno sobre los derechos de los trabajadores, y queriendo quedar bien con Dios y con el diablo, se sentará a charla cordialmente con el FMI, el mismo organismo que viene cagando a los argentinos desde tiempos inmemoriales y que presuntamente está detrás de la reforma esclavista impuesta por Javier “Jamoncito” Milei.

Las declaraciones de Patricia “Monto-choborra” Bullrich durante las semanas de debate previas a la aprobación de la reforma laboral cobran cada vez más relevancia. La senadora otrora peronista, ex PRO y actualmente libertaria, admitió sin tapujos que “ya habían arreglado” con la CGT para no tocar las cuotas sindicales y que no jodieran.

La postal es obscena: mientras miles de trabajadores ven recortados derechos históricos, la conducción de la CGT prepara valijas rumbo a Washington para reunirse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como si se tratara de un socio estratégico y no del principal impulsor de las políticas de ajuste que vienen pulverizando salarios y jubilaciones. El emisario será Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la central, quien participará de un encuentro promovido por la Confederación Sindical Internacional.

El argumento formal del cónclave habla de debatir los desafíos de la robótica y la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Pero el trasfondo es inocultable: el mismo organismo que elogió la reforma laboral de Milei recibirá a los dirigentes sindicales argentinos apenas semanas después de que el Congreso aprobará una norma que flexibiliza condiciones de contratación, debilita indemnizaciones y amplía el margen empresarial para precarizar.

Desde el Gobierno, “Jamoncito” celebró la reforma como una “modernización imprescindible”. En la práctica, el único resultado tangible hasta ahora es el deterioro de la estabilidad laboral y un clima de incertidumbre generalizado entre quienes viven de su salario. La promesa de “más empleo” se repite como un mantra, pero los trabajadores siguen siendo la variable de ajuste de un plan económico que prioriza el equilibrio fiscal exigido por el Fondo por encima de cualquier consideración social.

La vocera del FMI, Julie Kozack, no dudó en elogiar públicamente la iniciativa oficial incluso el mismo día en que la CGT realizaba su último paro nacional. Según el organismo, la reforma ayudará a “bajar la informalidad y crear empleo”. Sin embargo, la experiencia argentina demuestra que cada flexibilización previa terminó en más precariedad y menor poder adquisitivo.

En ese contexto, la actitud de la CGT resulta, como mínimo, complaciente. Si el Fondo “está detrás” de la reforma —como denunció el propio triunviro Jorge Sola—, ¿qué sentido tiene sentarse a conversar sin antes haber desplegado un plan de lucha sostenido y contundente? La marcha a Tribunales y el anuncio de un amparo judicial suenan más a gesto testimonial que a verdadera estrategia de confrontación. Hasta el momento, ni siquiera se presentó formalmente la acción judicial, a la espera de la promulgación de la ley.

Mientras tanto, el Gobierno avanza sin mayores sobresaltos. La tan mentada “unidad en la acción” que incluyó un paro nacional luce insuficiente frente a una transformación estructural del régimen laboral. Los trabajadores necesitaban una central obrera dispuesta a paralizar el país si era necesario, no dirigentes negociando en salones alfombrados con quienes celebran el ajuste.

El resultado de esta ecuación es claro: el Ejecutivo cumple con las metas pactadas con el FMI, el organismo multilateral aplaude, y la cúpula sindical preserva sus cajas. En el medio quedan los laburantes, que pierden derechos conquistados durante décadas y enfrentan un mercado laboral cada vez más inestable.

La historia reciente vuelve a repetirse. Cuando las papas queman, la CGT promete resistencia pero termina optando por la moderación calculada. Y en esa complicidad, los únicos que pagan el costo son los trabajadores, convertidos una vez más en la variable descartable de un modelo económico diseñado para satisfacer acreedores externos antes que garantizar condiciones dignas de empleo.