Al horno con papas al malandra del jefe gabinete: La investigación judicial sobre Adorni entra en una etapa clave y crece la posibilidad de una indagatoria

La situación judicial de Manuel Adorni comienza a sumar tensión en los tribunales federales. El juez Ariel Lijo evalúa convocar a declaración indagatoria al vocero presidencial y secretario de Comunicación antes del inicio de la próxima feria judicial, en el marco de una investigación que incluye sospechas por presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y posibles irregularidades vinculadas a contrataciones en la TV Pública.

La causa avanza sobre la relación entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandio, titular de la productora Imhouse, empresa que mantiene distintos convenios con medios estatales. Según fuentes judiciales, el magistrado espera los resultados de nuevas medidas de prueba impulsadas junto al fiscal Gerardo Pollicita para definir si existen elementos suficientes para formalizar una imputación más severa.

En los tribunales de Comodoro Py consideran que una eventual indagatoria implicaría un cambio importante en el expediente, ya que supondría que la Justicia detectó indicios concretos sobre la posible comisión de delitos.

Uno de los ejes principales del expediente gira alrededor del viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval. La Justicia intenta determinar quién financió el traslado en avión privado y si existió algún tipo de beneficio indebido por parte de empresarios vinculados al Estado.

Aunque el funcionario aseguró públicamente que el vuelo fue pagado con recursos propios, documentación incorporada a la causa contradice esa versión. Según consta en declaraciones judiciales, el broker aeronáutico Agustín Issin Hansen afirmó que la reserva y el pago del avión fueron realizados por Marcelo Grandio.

De acuerdo con la investigación, la empresa Alpha Centauri habría facturado parte del servicio directamente a Imhouse, mientras que el resto del viaje fue posteriormente cargado a nombre del productor televisivo.

Para los investigadores, el caso podría encuadrarse dentro del delito de dádivas si se comprobara que el funcionario recibió beneficios económicos de parte de una persona con intereses comerciales vinculados al Estado nacional.

La Justicia también investiga contratos de la TV Pública

Otro de los focos del expediente está puesto sobre los convenios firmados entre la TV Pública y la productora Imhouse. El juzgado ordenó cruces telefónicos y análisis de comunicaciones entre Adorni, Grandio y Horacio Silva, uno de los socios de la firma.

El objetivo de la medida es reconstruir contactos, reuniones y posibles coordinaciones coincidentes con la firma de contratos para distintos programas emitidos en medios públicos.

Entre las producciones bajo análisis aparecen ciclos televisivos, programas radiales y contenidos de streaming desarrollados para la TV Pública y otras plataformas estatales. La Justicia busca determinar si existió algún tipo de intervención o favoritismo desde áreas oficiales para beneficiar comercialmente a la productora.

Además de los registros telefónicos, también se analiza la geolocalización de dispositivos móviles para reconstruir encuentros entre los involucrados y establecer la dinámica de los vínculos.

El patrimonio del funcionario quedó bajo revisión judicial

La causa también pone la lupa sobre el patrimonio personal de Adorni. Uno de los puntos investigados es la compra y remodelación de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Según la investigación judicial, el inmueble habría sido adquirido por una suma cercana a los 120 mil dólares y posteriormente sometido a importantes reformas y trabajos de mobiliario que elevaron considerablemente el gasto total.

Los investigadores sospechan que parte de esas obras podría haberse realizado sin documentación respaldatoria y analizan si los ingresos declarados por el funcionario resultan compatibles con el nivel de inversión detectado.

Dentro del expediente también aparecen observaciones sobre operaciones inmobiliarias y compromisos hipotecarios que, según la hipótesis judicial, no terminarían de explicar el origen de los fondos utilizados.

También investigan el posible uso irregular de recursos públicos

Otro aspecto sensible bajo análisis es la presunta utilización de efectivos de Gendarmería Nacional para tareas de custodia privada en el barrio cerrado donde reside el funcionario.

Otro aspecto sensible bajo análisis es la presunta utilización de efectivos de Gendarmería Nacional para tareas de custodia privada en el barrio cerrado donde reside el funcionario.

La Justicia intenta determinar si agentes de fuerzas federales fueron destinados a funciones ajenas a tareas oficiales y si existió utilización indebida de recursos públicos para seguridad personal.

En caso de comprobarse esa hipótesis, el expediente podría incorporar una eventual figura de peculado vinculada al uso irregular de bienes y personal del Estado.

Mientras tanto, en Comodoro Py crece la expectativa sobre la decisión que deberá tomar Ariel Lijo en las próximas semanas. La posibilidad de que uno de los funcionarios más cercanos a Javier Milei sea citado a indagatoria empieza a generar impacto político dentro del oficialismo y suma un nuevo foco de tensión para la Casa Rosada.