Los chorros de Milei: ¿Hay gato encerrado? ANSES puso millones en la empresa de Nicky Caputo, primo del Toto y «hermano del alma» de Macri

Mientras el Gobierno de Javier «Jamoncito» Milei insiste en presentarse como el abanderado del libre mercado y la reducción de la intervención estatal, los números oficiales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES muestran una realidad que despierta fuertes interrogantes.

Entre 2023 y 2025, el organismo encargado de administrar parte de los recursos del sistema previsional argentino incrementó en un impactante 1.928 por ciento su participación accionaria en Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), la compañía históricamente vinculada a Nicky Caputo, primo del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y uno de los empresarios más cercanos al ex presidente Mauricio Macri.

Los registros públicos revelan que la tenencia del FGS pasó de 25,4 millones de acciones a más de 516 millones en apenas dos años. El salto resulta llamativo no sólo por su magnitud, sino también porque supera ampliamente los aumentos registrados en otras empresas donde el organismo posee participación. Mientras las inversiones en Banco Galicia crecieron alrededor de un 30 por ciento y en Banco Macro apenas un 3,4 por ciento, la apuesta por ByMA parece haber recibido un tratamiento excepcional.

Las sospechas se profundizan porque ByMA ya había quedado bajo la lupa a principios de 2025, cuando trascendieron denuncias sobre posibles movimientos bursátiles realizados antes de que el Gobierno eliminara restricciones históricas que impedían distribuir dividendos extraordinarios de la Caja de Valores, una firma controlada casi en su totalidad por ByMA. La medida, firmada por la administración Milei en las últimas horas de 2024, terminó beneficiando de manera directa a quienes tenían posiciones relevantes en la compañía.

Según publicaciones periodísticas y denuncias judiciales posteriores, el volumen operado de las acciones de ByMA se disparó semanas antes de la decisión oficial. La cotización experimentó un crecimiento superior al 50 por ciento en poco más de un mes, alimentando sospechas sobre posibles operaciones realizadas con información privilegiada. La causa quedó radicada en los tribunales federales y alcanza a funcionarios, empresarios y autoridades vinculadas tanto a la empresa como al manejo del FGS.

En ese contexto, la decisión de la ANSES de profundizar su exposición en la misma compañía genera nuevas preguntas. El organismo previsional depende del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, primo hermano de Nicky Caputo, uno de los principales impulsores de ByMA desde su creación durante el gobierno de Mauricio Macri. La relación familiar y política entre los protagonistas vuelve inevitable el debate sobre posibles conflictos de interés en la administración de recursos públicos.

El caso adquiere una dimensión todavía más sensible porque el FGS administra activos destinados a garantizar el pago futuro de jubilaciones y prestaciones sociales. Mientras el Gobierno aplica ajustes sobre haberes previsionales, programas sociales y áreas sensibles del Estado, miles de millones de pesos terminan volcándose a operaciones bursátiles cuya conveniencia para los jubilados es objeto de discusión.

Las críticas también apuntan a la aparente contradicción ideológica de la gestión libertaria. Lejos de retirarse de la economía, el Estado incrementó su presencia accionaria en empresas privadas y hoy el FGS representa una porción significativa del mercado bursátil argentino. Diversos analistas sostienen que, en lugar de reducir la intervención estatal, el oficialismo estaría utilizando recursos públicos para sostener determinados activos financieros y garantizar liquidez en sectores estratégicos.

La evolución reciente del fondo tampoco despeja dudas. Si bien el patrimonio nominal del FGS aumentó durante el último año, especialistas advierten que los rendimientos obtenidos quedaron por debajo de la inflación en varios períodos. En otras palabras, mientras el Gobierno celebra la valorización de ciertos activos financieros, los jubilados continúan perdiendo poder adquisitivo y el sistema previsional enfrenta crecientes desafíos.

Por eso, el extraordinario crecimiento de la participación estatal en ByMA no aparece como una simple decisión de inversión. Para muchos observadores, constituye una nueva pieza dentro de un entramado donde se cruzan negocios financieros, vínculos familiares, decisiones de política económica y el manejo de fondos que pertenecen, en última instancia, a millones de argentinos que dependen del sistema de seguridad social.

La Justicia deberá determinar si detrás de estas operaciones hubo únicamente una apuesta financiera agresiva o si existe algo más que todavía permanece oculto bajo la superficie.