La corrupción al palo con el coimero de Milei: Sale a la luz un nuevo escándalo del Gobierno nacional

El Olivosgate no deja de sumar dolores de cabeza para la cúpula libertaria luego del despido, reasignación y reincorporación de distintos integrantes de la nómina de personal civil de la Quinta Presidencial. En un escenario que no deja de acumular derivaciones judiciales tras las denuncias por desvío de insumos públicos, contrataciones irregulares a través de sociedades fantasma y la posterior militarización de la residencia oficial, el panorama podría seguir complicándose.

Es que la diputada nacional Marcela Pagano le envió un mensaje al presidente Javier Milei tildándolo de «gagá» en un hilo de X que comenzó profundizando sobre la corrupción en Olivos, pero culminó advirtiendo sobre un nuevo escándalo que puede llegar a salir a la luz.

Luego de que el jefe de Estado la calificara públicamente como una «mentirosa serial» por haber expuesto las maniobras en la gestión libertaria, la legisladora cruzó al mandatario al recordar que el propio intendente de la Quinta de Olivos, Javier Sosa, figuraba en un seguro de la compañía BBVA fechado el 1 de marzo de 2024 como «personal de catering» de la firma privada «Pancitos Caseros», administrada por su pareja Analía Agudiez.

Según la presentación, esa empresa prestó servicios en una fiesta privada en el club GEBA organizada por la productora de Mara Gorini, quien dos semanas más tarde terminó siendo contratada por Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia.

El entramado expuesto en las redes sociales y asentado en el expediente judicial detalló cómo se montó un clan familiar dentro de la administración pública. La subsecretaria de Planificación General, María Belén Agudiez —funcionaria de máxima confianza de la hermana del Presidente y conocida en los pasillos de Balcarce 50 como «la brujita»—, colocó a su cuñado Sosa al frente de la Quinta, le confió la gestión de las cocinas a su hermana Analía, involucró a sus padres en los servicios de catering y designó a su primo Agustín Expósito como director nacional de Seguimiento Operativo. La estructura permitió que la propia familia auditara las contrataciones de los alimentos que ellos mismos proveían.

Las presentaciones judiciales expusieron además que Agudiez ingresó a la función pública declarando un patrimonio de 43 mil pesos y al cierre del ejercicio 2025 informó más de 4,5 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 98 veces en sus bienes consignados. A esto se sumó el rol del jefe de la Casa Militar, el general Sebastián Ignacio Ibáñez, quien mantendría una relación de pareja no declarada con Agudiez.

Ibáñez quedó al frente del control total de la residencia luego de que el Ejecutivo desplazara a 12 trabajadores civiles y reubicara a otros 40, una medida calificada por la oposición como un intento directo por limpiar la escena y borrar los registros de compras. Entre los pliegos auditados figuraba la adquisición de 29,5 toneladas de carne por 500 millones de pesos, de los cuales más de 9 mil kilos tuvieron como destino exclusivo Olivos, con una marcada preferencia por cortes como roast beef y paleta ideales para picar y elaborar productos derivados.