Alejandro Vilches pegó el portazo y la Secretaría de Discapacidad quedó acéfala en pleno debate por los recortes en el sector.
Nadie quiere quedar pegado
Las ratas libertarias abandonan el barco: renunció el titular de Discapacidad en medio del bolonqui por el Presupuesto 2027
El Gobierno de Javier “Jamoncito” Milei sumó este lunes una nueva baja en un área particularmente sensible: Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario nacional de Discapacidad, en momentos en que el Ejecutivo enfrenta fuertes cuestionamientos por su política hacia las personas con discapacidad y por los cambios que pretende introducir en el Presupuesto 2027.
Vilches comunicó su decisión mediante una nota dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, en la que solicitó que su salida tuviera efecto inmediato y atribuyó la decisión a “razones estrictamente personales”.
La salida ocurre después de que el funcionario hubiera asumido un papel central en la defensa de la política oficial frente al Congreso y mientras el Gobierno busca modificar el esquema establecido por la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Una renuncia en medio de una fuerte disputa
La salida de Vilches no se produce en un contexto cualquiera. El Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 modificaciones que afectan el funcionamiento de la política de discapacidad, entre ellas la eliminación de mecanismos previstos por la legislación vigente para actualizar las prestaciones.
Ante las críticas que generó la iniciativa, el oficialismo comenzó a plantear una alternativa y anunció que trabajaría en un denominado “proyecto superador” junto con sectores aliados.
La situación expone una contradicción política para el Ejecutivo: mientras intenta sostener su estrategia de reducción del gasto público, enfrenta la presión de organizaciones, prestadores y sectores políticos que reclaman mayores recursos para un sistema que atraviesa dificultades financieras.
Vilches había llegado después del escándalo en ANDIS
El funcionario había asumido un papel relevante dentro del Gobierno después del escándalo que involucró a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante 2025.
En agosto de ese año, Vilches fue designado interventor del organismo tras la salida de Diego Spagnuolo, en medio de denuncias por presuntas irregularidades y supuestos pedidos de coimas vinculados con el funcionamiento de la agencia. Posteriormente, Vilches pasó a ocupar la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Su llegada había sido presentada como parte de una etapa de reorganización del área, luego de la crisis que había golpeado a la ANDIS.
Ahora, poco más de un año después, vuelve a producirse un cambio en la conducción de una estructura que continúa bajo presión política y presupuestaria.
El conflicto por la emergencia en discapacidad
Uno de los principales focos de tensión durante la gestión de Vilches fue la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
El Congreso había aprobado la norma en 2025 y, después de que Milei intentara vetarla por considerar que implicaba un impacto fiscal que el Estado no podía afrontar, ambas cámaras reunieron los votos necesarios para insistir con la legislación.
El Gobierno sostuvo entonces que el cumplimiento de la norma comprometía el equilibrio fiscal. La oposición, en cambio, reclamó su aplicación y posteriormente impulsó una prórroga de la emergencia.
La discusión llegó nuevamente al Congreso este año. Vilches había concurrido a la Comisión de Discapacidad para defender las medidas implementadas por el Ejecutivo y responder las críticas de los legisladores.
En esa oportunidad, el Gobierno informó que hasta julio de 2026 había devengado 326.305,7 millones de pesos en prestaciones de discapacidad, además de recursos destinados a prestaciones de alto costo y a las cápitas de cobertura médica. También aseguró haber regularizado la cadena de pagos de Incluir Salud y alcanzado 1.140 prestadores con convenios vigentes.
Sin embargo, sectores opositores y representantes vinculados al área continúan denunciando problemas relacionados con el financiamiento, los valores de las prestaciones y las dificultades que enfrentan los prestadores.
El ajuste vuelve a quedar bajo la lupa
La renuncia llega, además, cuando el debate presupuestario volvió a convertir a la discapacidad en uno de los puntos más conflictivos del programa económico oficial.
El proyecto de Presupuesto 2027 generó rechazo incluso entre sectores aliados del Gobierno debido a los cambios propuestos para el financiamiento de prestaciones y beneficios. En las últimas semanas, el Ejecutivo comenzó a negociar modificaciones para evitar que el conflicto se profundizara en el Congreso.
La disputa resulta particularmente significativa porque el Gobierno necesita sostener su objetivo de equilibrio fiscal al mismo tiempo que enfrenta reclamos para garantizar prestaciones que involucran tratamientos, transporte, centros de día y otros servicios esenciales para las personas con discapacidad.
El desafío fiscal es presentado por el oficialismo como una condición para sostener su programa económico. Para los sectores críticos, en cambio, el problema radica en que el ajuste termina trasladando el costo del equilibrio de las cuentas públicas hacia quienes necesitan esas prestaciones.
Una nueva incógnita para el Gobierno
La renuncia de Vilches agrega ahora una nueva incógnita sobre la conducción de la política nacional de discapacidad.
El funcionario deja el cargo formalmente por motivos personales y no existe, hasta el momento, una explicación oficial que vincule su salida con una disputa interna. Pero el momento político en el que se produce inevitablemente coloca la decisión bajo la lupa.
El Gobierno deberá designar a su reemplazante mientras intenta cerrar una negociación parlamentaria sobre el Presupuesto 2027 y busca contener el conflicto generado por sus propuestas para el sector.
Así, una administración que llegó al poder con la promesa de reducir el gasto estatal vuelve a enfrentar el dilema de hasta dónde puede llevar el ajuste cuando están en juego políticas destinadas a sectores especialmente vulnerables.
La salida de Vilches no resuelve esa discusión. Por el contrario, deja nuevamente abierta la pregunta sobre qué lugar ocupará la discapacidad dentro de las prioridades del Gobierno de Milei y cómo pretende financiarla en los próximos años.
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