Lacra de la peor calaña: El coimero Milei le declara la guerra a los discapacitados ahora las pensiones dependen de si hay plata o no en la caja

El Gobierno del presidemente Javier Milei giró al Congreso dos proyectos de ley que introducen cambios de fondo en el sistema de discapacidad y salud mental. Las iniciativas plantean una reconfiguración del esquema actual, con modificaciones en el financiamiento, los criterios de acceso y el funcionamiento de las prestaciones.

Uno de los ejes centrales es la denominada ley contra el fraude en pensiones por invalidez. El texto incorpora una cláusula que condiciona el acceso a derechos a la disponibilidad de recursos, lo que implica que las prestaciones podrían depender del presupuesto vigente en cada momento y no de una garantía fija.

El proyecto también propone fragmentar los aranceles del nomenclador, permitiendo que cada provincia o entidad establezca sus propios valores. A su vez, traslada parte del financiamiento a las jurisdicciones, lo que podría generar diferencias en la cobertura según la capacidad económica de cada distrito.

Otro punto relevante es la implementación de un reempadronamiento obligatorio, con la posibilidad de suspender automáticamente las pensiones ante incumplimientos administrativos. Además, se establece que el beneficio será incompatible con el empleo formal, lo que limita la posibilidad de complementar ingresos dentro del sistema registrado.

En paralelo, el Ejecutivo impulsa cambios en la Ley Nacional de Salud Mental número 26.657 que modifican tanto el enfoque como el financiamiento del área. El proyecto elimina la obligación de destinar al menos el 10 por ciento del presupuesto de salud a salud mental, dejando ese porcentaje sujeto a acuerdos y decisiones administrativas.

Entre las modificaciones, se incluye la posibilidad de internaciones involuntarias con criterios más amplios y la habilitación de que un solo médico tome esa decisión en casos excepcionales. También se incorporan medidas posteriores al alta que podrían extender controles sobre los pacientes durante varios meses.

Desde el Gobierno sostienen que las reformas buscan ordenar recursos y evitar irregularidades. Sin embargo, los cambios propuestos reconfiguran el esquema actual, con impacto directo en el financiamiento, la gestión y el acceso a prestaciones en dos áreas clave del sistema público.