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José Antonio Cácere fue condenado a prisión perpetua en un fallo no unánime por un hecho ocurrido en 2011. Sin embargo, la propia autopsia oficial determinó que la causa de muerte fue natural y sin signos de violencia.

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Pese a ello, la condena se sostuvo principalmente en una pericia de parte realizada sin cuerpo presente y basada en registros fotográficos, un punto que ha sido fuertemente cuestionado.

En la actualidad, el caso se encuentra ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con diversas presentaciones de amicus curiae —figura que refiere a terceros ajenos al proceso que aportan argumentos técnicos o jurídicos para colaborar con el tribunal— que advierten posibles irregularidades en la valoración de la prueba y solicitan una revisión integral del expediente.

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Entre las organizaciones intervinientes se encuentran Inocente Colectivo y la Asociación de Derechos Humanos y Violencia de Género. A ellas se ha sumado recientemente la Fundación Apolo, que también presentó un amicus curiae, reforzando los cuestionamientos sobre la consistencia probatoria, la metodología pericial utilizada y el análisis judicial del caso.

La coincidencia de estas instituciones en señalar falencias relevantes en el proceso refuerza la necesidad de una revisión profunda por parte del máximo tribunal.
No se trata de reclamar impunidad, sino de garantizar que la condena haya sido dictada sobre bases sólidas, con todas las pruebas debidamente analizadas. Detrás de este caso hay una familia que lleva años esperando ser escuchada.

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