Diego Spagnuolo se presenta a declarar en Comodoro Py en una causa que investiga presuntas maniobras millonarias con fondos destinados a discapacidad.
El amigo del coimero de Milei va a cantar como Caruso: Si prende el ventilador le vuela la peluca al presidemente, Spagnuolo vuelve a Comodoro Py por las coimas en ANDIS
La Justicia federal puso en marcha una nueva ronda de indagatorias en el expediente que expone un presunto entramado de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, en un caso que golpea de lleno al entorno político del presidemente Javier Milei.
Desde las 9.30, en los tribunales de Comodoro Py, comenzó a declarar Diego Spagnuolo, exfuncionario vinculado al oficialismo libertario y exabogado del mandatario, señalado como una de las piezas centrales de la maniobra.
La investigación, encabezada por el fiscal federal Franco Picardi, detectó un presunto circuito de desvío de fondos públicos por más de 75 mil millones de pesos, que habría beneficiado a un grupo reducido de empresas.

Según la acusación, el esquema se habría montado mediante la articulación entre funcionarios y proveedores de insumos médicos de alto costo, con procesos de contratación direccionados y simulaciones de competencia.
El juez Ariel Lijo avaló la ampliación de la causa y ordenó un total de 35 indagatorias que alcanzan tanto a exfuncionarios como a empresarios.
La pesquisa apunta a un sistema de compulsas de precios presuntamente cartelizadas, en el que un conjunto limitado de firmas era convocado de manera reiterada para presentar ofertas que, en los hechos, no competían entre sí.
De acuerdo a la hipótesis judicial, las adjudicaciones ya estaban definidas de antemano y se sostenían mediante el manejo de información privilegiada, exclusión de otros competidores y retornos económicos para los involucrados.
Los hechos bajo sospecha se habrían desarrollado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, en pleno avance del actual esquema político, y se concentraron en la compra de insumos de alto costo, como prótesis, implantes cocleares y sillas de ruedas motorizadas, destinados a sectores vulnerables sin cobertura médica.
El expediente también expone el rol de un reducido grupo empresario que habría concentrado las adjudicaciones. Algunas firmas habrían participado solo de manera formal para simular competencia, mientras que otras resultaban beneficiadas de forma sistemática, en un mecanismo que ahora la Justicia intenta desentrañar en profundidad.
Con esta nueva etapa, el caso suma presión sobre el oficialismo, que queda nuevamente bajo la lupa judicial por presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a uno de los sectores más sensibles.





























