El «tontito de los negocios»: un senador del coimero de Milei que iba a votar la Ley de Tierras les vende lotes a extranjeros

El debate por la reforma de la Ley de Tierras sumó un nuevo capítulo de alta tensión política luego de que la oposición presentara un pedido formal para impedir que el senador libertario Joaquín Benegas Lynch participe de la votación del proyecto, al considerar que mantiene un evidente conflicto de intereses por su actividad privada vinculada a la comercialización de campos para compradores extranjeros.

La presentación fue impulsada por la senadora Juliana Di Tullio, quien sostiene que el legislador de La Libertad Avanza es fundador y gerente de Glocal Terra, una firma dedicada al asesoramiento, administración y venta de tierras rurales para inversores internacionales. Según la documentación difundida, la empresa promociona en inglés la compra de campos agrícolas, forestales y estancias de lujo en distintos países de América Latina, incluyendo Argentina, y afirma haber participado en operaciones sobre más de tres millones de hectáreas.

Para la oposición, el caso expone una incompatibilidad difícil de justificar: mientras el Senado analiza una iniciativa que flexibilizaría el régimen de adquisición de tierras por parte de extranjeros, uno de sus principales impulsores desarrolla un negocio directamente relacionado con ese mercado. Por ese motivo, solicitaron que Benegas Lynch se excuse de intervenir en el tratamiento del proyecto y cuestionaron la posibilidad de que utilice su función pública para beneficiar intereses particulares.

La polémica golpea además a La Libertad Avanza, que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios de la política y combatir los conflictos de intereses dentro del Estado. Sin embargo, el caso volvió a alimentar las críticas sobre la relación entre funcionarios oficialistas y actividades privadas que podrían verse favorecidas por las reformas impulsadas desde el propio Gobierno.

El proyecto oficial ya venía generando un fuerte rechazo entre organizaciones sociales, ambientales y sectores de la oposición, que advierten que la flexibilización de la normativa facilitaría la extranjerización de tierras estratégicas y de recursos naturales. Ahora, las denuncias contra Benegas Lynch agregan un componente ético e institucional que amenaza con profundizar el desgaste político de la iniciativa.

Mientras el oficialismo intenta reunir los votos necesarios para avanzar con la reforma, la impugnación presentada en el Senado abre un nuevo frente para el Gobierno de Javier Milei, que vuelve a quedar bajo cuestionamiento por presuntas incompatibilidades entre los intereses privados de algunos de sus dirigentes y las leyes que promueven desde el Congreso.